La eutanasia no puede considerarse un derecho sino la constatación de un fracaso social; Hay aspectos deficientes de la ley, algunos de los cuales probablemente merezcan la consideración de inconstitucionales; por ello hay que proponer, no sólo que “vivir es un Arte”, sino también un “Arte de morir” alternativo al que ofrece hoy en día el marco normativo español.
Todos queremos que nos reconozcan nuevos derechos. Ensanchan la libertad, abriendo horizontes de felicidad para nuestra vida. El problema es que muchas demandas que no son, en realidad, derechos (sino, más bien, lo contrario), se revisten de esa condición para recabar el favor ciudadano. La eutanasia es un caso paradigmático. Se puede defender la eutanasia por muchas razones, pero no resulta evidente que pueda ser defendida como un derecho. Que la ley orgánica reguladora de la eutanasia se presente como un derecho hace sospechar que, para convencer a la opinión pública sobre algo extraordinariamente problemático, se ha optado por el recurso fácil de cubrirla con la bandera legitimadora de los derechos.
La aprobación de una ley de eutanasia en la coyuntura que vive España no supone consagrar un nuevo derecho sino sancionar un fracaso social. En primer lugar, porque no parece que la respuesta del Gobierno ante la pandemia que sufrimos deba consistir en aprobar una ley que permita dar muerte a los más mayores, enfermos y dependientes, los mismos con los que se ha cebado el virus en los últimos meses. No hay país en el mundo que, en medio de la pandemia, haya considerado prioritario regular la eutanasia. En segundo lugar, porque se ha aprobado una ley que decide desproteger la vida humana en sus etapas de mayor fragilidad, sin que los ciudadanos hayan tenido la oportunidad de reflexionar y deliberar sobre las razones que justifican o no ese cambio.
Debemos reconocer que, desde el momento en que se acepte la eutanasia, las personas con enfermedades crónicas o terminales van a sentir todos los días en sus oídos el susurro de la insidiosa pregunta: ¿seguro que te sigue valiendo la pena vivir en esas condiciones? Antes de poner a nadie en esa situación, ¿no será mejor promover una cultura social que afirme con contundencia que la vida de todo ser humano vale siempre y que, por ello, vamos a dedicar todos los esfuerzos necesarios para que las personas puedan morir cuidadas, en paz y sin dolor?. Debemos reconocer que es extraordinariamente difícil distinguir entre una genuina demanda de eutanasia y el grito desesperado de quien querría pedir ayuda para sobrellevar el tramo final de la vida, pero solo se ve capaz de pedir que acaben con su vida. Quien piense que es fácil discernir uno y otro mensaje, ni conoce al ser humano, ni cómo funciona la medicina protocolizada actual.
En otoño del año pasado el Comité de Bioética de España publicó un extenso informe sobre la eutanasia y el final de la vida. Sus conclusiones principales, adoptadas por unanimidad de sus miembros, fueron las siguientes: Primera, no se puede decir que exista el derecho a la eutanasia; más bien es lo contrario a los derechos de la persona. Segunda, urge universalizar unos cuidados paliativos integrales, capaces de atender hasta las situaciones más difíciles, como el llamado sufrimiento existencial refractario.
El informe aborda, además, el impacto que la eutanasia tendría sobre los profesiones sanitarios, que se verían obligados a incorporar entre sus fines, no solo el de curar y cuidar de la vida frágil, sino también el de acabar con la vida humana cuando concurran determinadas circunstancias. Quizá, por eso, los representantes de esas profesiones hayan tendido a rechazar esa opción y a subrayar la importancia del cuidado integral hasta el final. Aprobar una ley de eutanasia sin el imprescindible debate ciudadano; sin haber asegurado antes una cobertura universal de los cuidados paliativos; y cuando muchas de las personas que murieron en la primera fase de la pandemia carecieron de la asistencia sanitaria que les podía haber salvado la vida, no supuso reconocer un derecho, sino sancionar un fracaso social.
Lo primero que llama la atención de esta ley es el momento en que ha sido aprobada: en plena pandemia por Covid-19. No parece que sea una muestra de sensibilidad del legislador presentar la eutanasia como alternativa satisfactoria para los futuros sufrimientos de los mayores próximos a morir y de los enfermos crónicos, quienes han sido más castigados por la pandemia. ¿No habría sido incomparablemente mejor tramitar en este momento una ley que garantizara la protección socio-sanitaria de las personas mayores y otra de cuidados paliativos, en lugar de apresurarse con una ley de eutanasia? ¿Tendrá algo que ver el hecho de que las dos primeras requieren de muchos recursos económicos para su implementación mientras que la tercera los ahorra?.
Tampoco la voz de los profesionales sanitarios fue tomada en consideración en ningún momento de la tramitación de la iniciativa legislativa. De hecho, la Organización Médica Colegial de España se vio obligada a manifestar su rechazo a la ley cuando estaba a punto de aprobarse: El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aun cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. El Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Proposición de Ley Orgánica para la regulación de la eutanasia en España supone avalar por Ley que la eutanasia es un “acto médico”. Esto es contrario al Código de Deontología Médica y contradice los posicionamientos de la Asociación Médica Mundial.
La ley aprobada ofrece una regulación tan permisiva como la más permisiva de las leyes sobre eutanasia aprobadas en el mundo hasta el momento. En España se ha hecho directamente y sin adoptar las garantías suficientes para evitar que la persona sea objeto de la eutanasia en contra de su voluntad. Se ha incorporado este supuesto directamente, sin escuchar la voz del colectivo de las personas con discapacidad. Para colmo, España es el país en que menos desarrollados están los cuidados paliativos de todos los que tienen regulada la eutanasia hasta el momento. En consecuencia, la eutanasia no aparece como un último recurso cuando la persona considera que los cuidados paliativos recibidos ya no son suficientes para sostener su vida, sino como única alternativa garantizada al sufrimiento insoportable.
El problema del envejecimiento consiste, por tanto, en que la persona lo acepte, comprenda su sentido y lo haga realidad. Pero aún hay que añadir otra cosa: es mucho lo que depende de que también la sociedad acepte por su parte la vejez y le reconozca honrada y amablemente el derecho a la vida que le corresponde. Hoy en día observamos por todas partes el fenómeno de que solo se considera valiosa para el hombre la vida joven, mientras que la edad avanzada se ve como un proceso de decadencia y descomposición.
Mientras, como sucede ahora, solo se considere valiosa la vida joven y productiva, la sociedad no aceptará la vida anciana, en la que solo se verá decadencia y descomposición. La consecuencia es que los propios ancianos sentirán cada vez más difícil encontrar el sentido de su condición. El anciano se verá a sí mismo como el ser despreciable que, de joven, veía en los ancianos. El discurso del envejecimiento activo y saludable está parcialmente imbuido de este prejuicio: como solo importa lo hermoso, saludable y productivo, las opciones de la persona mayor por mantener su reconocimiento social pasan por que se afane desesperadamente en mantener esas condiciones. En cuanto las pierda será él mismo el primero que estime su vida indigna de ser vivida. Pero no habrá llegado hasta ahí por su libre autodeterminación sino por el ineludible condicionamiento social.
Una sociedad incapaz de aceptar y reconocer el valor de las personas ancianas no solo es un peligro para ellas, sino también para la propia sociedad. Frustra la plena realización del ser humano a lo largo de todas las etapas de su vida, impide el encuentro intergeneracional que tan fecundo es para cada generación, renuncia a la sabiduría que aportan quienes ven retroactivamente cada una de las etapas de la vida, y consagra un orden regido por la fuerza, en el que uno solo es pesado en función de lo que hace y no de lo que es.
De ser el Estado el que determinaba las vidas merecedoras de ser vividas, hemos pasado a que sea el individuo quien, en el momento en que incumpla con los estándares de productividad exigidos por la sociedad, quiera dar el paso adelante y pida que se acabe con una vida que carece de sentido. La eutanasia no va de derechos sino de engaños: del hacerrnos creer que nuestra vida no merece la pena y se convierte en una carga insoportable para los nosotros y los otros cuando deja de cumplir con ciertos estándares. Ese es el espíritu que alienta la reciente ley española de eutanasia, que envuelve con el lenguaje de los derechos la definitiva e irreversible muestra de autoexplotación.
¿Queda, entonces, lugar para la esperanza? Sin duda, porque la sociedad necesita de los mayores y los discapacitados y volverá a reconocerlos no por sus capacidades sino por ser quienes son. Entre tanto, procede vigilar para que se reforme en aquellos aspectos que van claramente contra la Constitución (por ejemplo, los que tienen que ver con la eutanasia mediante testamento vital, la eutanasia por discapacidad o la obligatoriedad para los profesionales sanitarios); para que la ley se desarrolle y aplique con todas las garantías que contempla, en especial, las relacionadas con la deliberación con el paciente; y, sobre todo, para que se universalicen los cuidados paliativos porque, mientras no lo estén, que no se engañe nadie: las solicitudes de eutanasia estarán mayormente condicionadas por la falta de cuidados.
Pedro Motas. Veterano de España
Blog: generaldavila.com
6 junio 2021
