El Sr. Sánchez debería ser difícil de sorprender. Tengan en cuenta la cantidad de altos cargos que dispone en plantilla en los distintos ministerios (unos 336) y los asesores (869 de los que 447 son para el Presidente y el Ministro de la Presidencia. No sé si bate el récord mundial, pero sí el de España con gran diferencia). Pues a pesar de tanto dispendio, con el que se podían reducir enormemente las listas de espera en la Sanidad pública, el Sr. Puigdemont con cuatro huidos de la justicia ha conseguido sorprenderlo, nuevamente, votando no a la ley de amnistía que había pactado por segunda vez con el PSOE unos días antes.

Algunos se alborozan con ese tremendo revés y vislumbran unos escenarios tétricos para el gobierno del Sr. Sánchez. Yo, perdónenme, me aterro, porque cada vez que nuestro Presidente, ególatra monumental, es contrariado por alguien que no cede a sus pretensiones paga su frustración triturando lo poco que va quedando de nuestro Estado de Derecho.

¿Qué le ha llevado al Sr. Puigdemont a actuar así?, clarísimo: el miedo. Este señor que ha demostrado sobradamente su alergia al heroísmo se ha puesto en alerta máxima, temiendo lo peor para su persona y la de alguno de sus allegados (en menor medida), al ver los últimos movimientos de dos jueces. El primero, llevado a cabo por el Sr. García-Castellón de la Audiencia Nacional, que instruye la causa de Tsunami Democratic, solicitando del Tribunal Supremo la imputación del Sr. Puigdemont y algunos de sus allegados por el presunto delito de terrorismo. El segundo, llevado a cabo por el Sr. Aguirre, del Juzgado numero 1 de Barcelona que instruye la causa del caso Voloh y la pieza separada sobre los supuestos contactos con Rusia para el “procés”, prorrogando seis meses la instrucción de dicho caso para investigar el ingente material de prueba que dispone a fin de procesar al Sr. Puigdemont y algunos allegados de un presunto delito de alta traición.

¿Qué hace el Presidente del Gobierno para resolver el entuerto? Dado su tendencia al chalaneo ha tratado de convencer a Junts, con la ayuda de ERC (a la que no le molestaría ver juzgado y condenado al Sr. Puigdemont, cumpliendo su condena en cárceles lo más alejadas posibles de Cataluña) que la actual redacción de la Ley de Amnistía cubre sobradamente esos dos delitos y cualquier otro que se le puedan imputar en las causas que se le siguen, haya o no sentencia firme. Como el Sr. Puigdemont y sus allegados no se fían un pelo de tan confuso personaje exigen la legitimación de los delitos de terrorismo por completo y de alta traición. Como es bien sabido, el Sr. Sánchez no debería acceder a tal exigencia porque se vulnera el Código Penal español y el derecho comunitario, en particular la Directiva europea 2017/541 de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo (para este último no tiene competencias). Con la agilidad que le caracteriza, ha dado una nueva pirueta retórica y cual Cesare Beccaria redivivo, ha dejado su impronta en la tipificación del terrorismo distinguiendo uno asumible, si no supone «violación grave de derechos humanos» y otro el puro y duro. Como con tal retoque a la Ley tampoco satisface a los separatistas investigados judicialmente da una nueva pirueta y trata de convencernos a todos, mirando de reojo a la justicia, que “los separatistas no son terroristas”, descontando que el pueblo español lo apoya (me imagino que será esa parte del pueblo que se encuentra en su lado del muro que levantó entre españoles), incluido los jueces que van a aplicar la amnistía (serán los de su cuerda). La estupidez de la afirmación es manifiesta: todos los separatistas no son obviamente terroristas pero todos los terroristas de los CDR y Tsunami sí que son separatistas. En realidad, está mandando un mensaje al separatismo de que no se preocupen que las causas o procesos contra el terrorismo separatista se van a desactivar con la ley de amnistía, cualquiera que sea la gravedad de los hechos investigados o juzgados. Pero aquí no acaba la cosa, como el Sr. Puigdemont sigue en sus trece, la última pirueta del Sr. Sánchez (no descarto que entre el momento en que estoy escribiendo este artículo y su publicación en este blog en que me he acogido “a sagrado” habrá muchas ocurrencias más) consiste en revisar la ley de enjuiciamiento criminal para reducir la fase de instrucción con la insana intención de que una investigación tan compleja como la de Tsunami o la de la trama rusa del procés no pueda culminarse en tiempo oportuno y salgan beneficiados los encausados. Una incoherencia más del PSOE que en 2015 se opuso frontalmente a una reforma similar del PP. Suscribo el argumento que dieron los socialistas, en aquel momento en la oposición: «genera una manifiesta inseguridad jurídica, y puede traer como consecuencia la impunidad de muchos delincuentes que busquen aprovechar los recovecos e incoherencias de la regulación que se propone» (¡O tempora, o mores!).

Estas actuaciones y declaraciones del Presidente o sus ministros constituyen un duro golpe para la seguridad nacional ya que, de una parte, atacan sistemáticamente el poder judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho y, de otra, sustraen de la acción de la justicia no solo a los delincuentes del procés, sino a una multitud de malhechores encausados por presuntos delitos económicos, del crimen organizado, terroristas de toda filiación o de traición a la Patria, etc. Quiero resaltar que en las declaraciones previas a cada cambio se produce una campaña de desinformación que también afecta a la seguridad nacional, especialmente, en la lucha antiterrorista. Cualquier experto en la esta lucha, y en España hay muchos, sabe que el lenguaje es una herramienta fundamental de combate y cualquier debilidad en el mensaje se traducirá, irremisiblemente, en mas terror para la sufrida población.

Después o simultáneamente de estas gráciles piruetas, el Sr. Sánchez pone a trabajar a sus sufragáneos: p.e. el Fiscal General del Estado está “sudando la camiseta” para desactivar la petición del Juez García-Castellón al Tribunal Supremo a que nos hemos referido con anterioridad. Para ello, ha llamado a capítulo al Fiscal del Supremo Sr. Redondo, encargado de presentar ante La Junta de Fiscales del TS un informe sobre la competencia y el contenido de la solicitud del citado Juez. Según se ha filtrado, el Sr. Redondo había mostrado con anterioridad su voluntad de informar positivamente a la citada petición. Curiosamente, tras su conversación con el Fiscal General del Estado, cambió totalmente de parecer. Malas lenguas, no la mía que es la de un ingenuo jubilado, aseguran que el Sr. Redondo tenia redactado dos informes con conclusiones completamente opuestas (No se por qué me recuerda mucho a aquella frase de Groucho : “estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”). La Junta de Fiscales del TS primera receptora del informe se ha pronunciado avalando por una amplísima mayoría imputar a Puigdemont por un presunto delito de terrorismo. De todos modos, la discrepancia entre el Sr. Redondeo y la Junta la resolverá la teniente fiscal del Tribunal Supremo que no es otra, ¡miren que casualidad!, que la segunda en el organigrama de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo terminará este embrollo judicial?, mucho me temo que como quiera el Sr. Sánchez. Puede pensarse que con el desgaste que está sufriendo el Presidente del gobierno por la concesiones a los los separatistas para aprobar la ley de amnistía y sabiendo que no puede acceder a sus últimas pretensiones porque vulneran el derecho europeo y el Código Penal español, trate de darles un órdago al Sr. Puigdemont y compañía no incluyéndolas para la próxima y última votación de la ley en el Pleno. Refuerza este razonamiento el hecho que la Presidenta del Congreso, Sra. Armengol, la voz de su amo, haya fijado el día 21 de febrero como fecha máxima para que la Comisión de Justicia emita su dictamen. De todos modos no me fío. Tengan en cuenta que, en este momento, el Sr. Puigdemont está procesado por malversación y desobediencia (el Supremo ha rectificado de sedición a desobediencia por el cambio oportuno de la ley por el Gobierno). También, está investigado por el presunto delito de terrorismo, en espera de la decisión del Tribunal Supremo. Por último, está siendo investigado por el Juez Aguirre por el presunto delito de alta traición. Si estos tres casos se resuelven con su juicio correspondiente (siempre que no haya injerencias políticas o jurídicas) es previsible que puedan condenar al Sr. Puigdemont a mas de veinte años de cárcel. ¡Ahí está su linea roja! y no pactará nada por debajo de blindarse de todo eso.

Un Presidente del Gobierno tan presentable, tan progresista, tan políticamente correcto, por no decir woke, y tan amigo de la Sra. von der Leyen demostrará que la citada linea roja del Sr. Puigdemont cabe perfectamente en el derecho español, en el derecho europeo y en el derecho extraterrestre, si lo hubiere.

Aquellos que aman a España y piensan, trabajan o luchan por su engrandecimiento, pierdan toda esperanza. Como reza el verso lorquiano: “Aquí pasó lo de siempre… han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses.”

Manuel Castro Zotano. General retirado

16 febrero 2024

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16 febrero 2024