En esta sociedad nihilista y hedonista, sin frenos morales o éticos, proliferan los malvados. Muchos de ellos, generalmente los menos dotados, se acogen a la política porque les facilita, rápidamente y sin necesidad de cualificación, un alto nivel de vida, generalmente vitalicio, y un poder e influencia que les pueden acrecentar desproporcionadamente sus patrimonios. Esta gentuza ha transformado el Ágora, santuario de la democracia, metafóricamente hablando, en una pocilga donde algunas de Sus Señorías en vez de debatir sobre los temas políticos con la altura que se espera de los Pater Patriae, también metafóricamente, se dedican a intercambiar excrementos con sus adversarios. Consecuentemente, los partidos políticos,  convertidos en patios de Monipodio, derrochan sus mejores esfuerzos en ejercitar a sus pupilos en todas las técnicas políticas del trile, carterismo y puñalada trapera. Hacía ya mucho tiempo que la política y los políticos no habían alcanzado tal grado de descrédito entre los ciudadanos honestos e informados.

Lo que pasa con estos malvados de pacotilla es que los pierde su egotismo y al final, en vez de pasar a la historia, como quisieran, terminan limpiando letrinas en Alcalá-Meco u otro hotel similar o, lo que es peor, olvidados cuando no despreciados… Y se pierden porque son previsibles… Un ejemplo: sobre la proposición de Ley de Amnistía que, por fin ha sido aprobada,  se ha dicho casi todo  por casi todos, incluso yo, que a mi provecta edad me he convertido en escribidor diletante de este blog, he metido la cuchara en ese plato. Los que no confundimos nuestros deseos con la realidad porque tenemos nuestro ego domesticado, acertamos plenamente  en que la ley sería aprobada para que el Sr. Puigdemont y sus secuaces fueran amnistiados de todos los delitos habidos y por haber relacionados con el “procés”. No nos aplaudimos por el acierto, como hace algún ministro mentecato con su villanía, porque no tiene mérito ya que el Sr. Sánchez es muy previsible. Le sugiero un método fiable para predecir lo que va a hacer ante algún problema. Hagan una lista con las opciones posibles  y escojan aquella que mas favorece al propio Presidente (no al PSOE, ni a la izquierda, y menos a España). Les garantizo un porcentaje de aciertos cercano al cien por cien.

Volviendo a la amnistía y, a riesgo de ser simplista, diré que la mayoría de las personas con conocimiento de causa coinciden en que  representa un ataque frontal a España, su Estado democrático y sus ciudadanos. A España, porque un grupo de delincuentes que, con la finalidad de destruir la integridad de la Patria, malversaron caudales públicos, crearon y utilizaron organizaciones terroristas para la lucha callejera con resultado de muerte o traicionaron a su país durante el llamado “procés”, van a ser eximidos de sus delitos y olvidados judicialmente. Al Estado democrático, porque ataca el principio de división de poderes y deslegitima y amenaza a los jueces que encausaron, procesaron o condenaron a los citados delincuentes. Y a los ciudadanos, porque atenta contra el principio constitucional de igualdad entre ellos y al de seguridad jurídica.

Como en la mayoría de los casos se analiza el problema desde un punto político o jurídico, me van a permitir que lo haga desde el sentido común. Veamos, Conceptualmente, una medida de gracia de tal magnitud es excepcional y requiere unas situaciones políticas extraordinarias. Expertos nacionales e internacionales señalan como tales los problemas políticos que se generan tras una guerra civil o la transición entre dos formas de gobierno diferentes. Coinciden que es la ultima ratio y debe ser condicionadas a una voluntad de reconciliación, acuerdos políticos y contar con el escrutinio del pueblo (normalmente un referéndum). Tan es así que en el conjunto de países que forman la Unión Europea no se ha producido ninguna desde su fundación (aunque en la exposición de motivos de la proposición de ley se cita algunos casos que no tienen que ver ni con la tipicidad, ni gravedad, ni el alcance de los delitos amnistiables). En España se llevó a cabo una en 1977 para facilitar la Transición  e incluía “todos los actos de intencionalidad política considerados delitos durante la Dictadura”. Lamentablemente, se amnistiaron los delitos de sangre y, como consecuencia, 89 presos de ETA procesados o condenados por terrorismo fueron puestos en libertad y corrieron a reincorporarse a la banda para continuar asesinando (en el año 1980, tres años después de la amnistía, algunos de los  etarras que se benefició de la medida de gracia del Gobierno de UCD asesinaron a tres de los miembros de este partido en el País Vasco).

¿Cumple la Ley de Amnistía con las tres condiciones conceptuales que hemos expuesto? La respuesta es negativa: No existe voluntad alguna de reconciliación, porque los encausados, procesados o condenados por su actuación en el “procés” no tienen voluntad de restaurar la convivencia democrática ni el respeto al orden constitucional sino que han manifestado reiteradamente, que seguirán vulnerándolos. La última vez, para no ir más lejos, lo dijeron después de aprobada la citada Ley en el Congreso. Tampoco existen acuerdos políticos entre las fuerzas políticas mayoritarias. Todo el proceso de negociación, absolutamente opaco, ha sido llevado entre un partido político, que ni siquiera tenía la mayoría simple, con los partidos políticos afectados por la medida de gracia. Por último, no cuenta con el respaldo del pueblo, pues las encuestas al respecto son tan contundentes que hasta el Ministro de la presidencia admite que son conscientes que la mayoría de la sociedad está en contra de esta ley.  

Ahí no acaba la cosa: los beneficiarios de la amnistía no cumplen ni siquiera los objetivos  que el propio legislador fija en la exposición de motivos de la Ley: (1) se hace en aras del interés general consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho, (2) generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto en Cataluña como en el conjunto de España y (3) servir de base para la superación el conflicto político. Baste considerar las ultimas declaraciones del líder de Junts Sr. Puigdemont, inmediatamente antes y después que se aprobara la Ley, desmintiendo al Gobierno al dejar bien claro que “la Ley de Amnistía no va a procurar la reconciliación social de Cataluña ni dar por zanjadas las pretensiones secesionistas de sus promotores”. Ha defendido, también, el derecho del independentismo catalán a «continuar con el procés» y ha advertido al Sr. Sánchez que «ahora toca negociar pieza a pieza y no dar nada por aprobado, desde los Presupuestos al reconocimiento nacional y el ejercicio de derecho a la autodeterminación». Para más abundamiento, el Sr. Turull, numero dos de Junts,  ha expresado con rotundidad  que “esta ley no soluciona el conflicto político entre Cataluña y el Estado”,  que “el acuerdo de investidura ya preveía que la amnistía era sólo el punto de partida” para iniciar la negociación opaca que Puigdemont quiere emprender con el PSOE en el extranjero, bajo la atenta mirada del mediador internacional, que finalice con que el Estado avale el referéndum de autodeterminación de Cataluña.  En términos parecidos se ha expresado ERC que no quiere perder protagonismo en la política catalana. Pero no son solo palabras,  son hechos:

mientras estaba negociando (?) el PSOE con Junts para lograr la aprobación de la Ley de Amnistía, el Parlamento Catalán ha admitido a trámite (20 de Febrero)  una iniciativa legislativa popular para declarar la independencia con los votos favorables de Junts. Más claro imposible, los delincuentes separatistas no piensan renunciar a nada que no conduzca a la independencia  de Cataluña y la quieren ya, si no es por las buenas lo harán por las malas. Claro, lo que les gustaría es que fuera por las buenas y avalada por el Estado y eso lo ven factible por la debilidad de un Gobierno que tienen secuestrado por siete votos. Como vemos claramente, todo el argumentario socialista para hacernos comulgar con ruedas de molino con la Ley de Amnistía, además de pueril y un insulto a la inteligencia de todo un pueblo, es una MONSTRUOSA MENTIRA para justificar un ataque a la seguridad de España y de los españoles. 

La entrada en vigor de la nueva Ley me hace vislumbrar dos escenarios uno, más probable, y otro, más peligroso. El probable, consiste en que el Gobierno,  que sabe perfectamente que la autodeterminación de Cataluña no cabe en el ordenamiento constitucional, no lo autorice pero, a cambio, ceda hasta conseguir para Cataluña una autonomía tan amplia que funcione al margen del Estado y tan sumamente financiada que, según creen, contentará a los separatistas. ¿Cómo reaccionarán los separatistas? Insisten, erre que erre, en continuar el procés, pero sabiendo la situación de ventaja que les proporciona la derogación del delito de sedición  y la rebaja del de malversación, llevada a cabo hace dos años por el por el Gobierno socialista, además de la certeza de que al haber sido amnistiados no son reincidentes y la convicción de que si se les ha amnistiado ya una vez, ¿porqué no otra más? ¿En qué se traducirá esta situación de ventaja? Muy probablemente, en la elevación del umbral de inseguridad ciudadana hasta un límite en que no baste la aplicación del Articulo 155 de la Constitución y el Estado tenga que recurrir a otras medidas coercitivas que, frente a la violencia de los separatistas, pongan en peligro muchas vidas y bienes de los ciudadanos. El segundo escenario, el mas peligroso, consiste en que el Gobierno autorice un referéndum de autodeterminación de Cataluña, bien a las claras o con alguna artimaña retórica. En ese caso, se produciría una ruptura flagrante del orden constitucional que obligaría a tomar medidas extraordinarias para restaurarlo, con la consiguiente crisis política que devendría, muy probablemente, en una gravísima crisis de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional de imprevisibles consecuencias.

Pueden producirse, también, otros escenarios, pero muy improbables: (1) Que no pudiera aplicarse la ley de amnistía y Junts dejara caer al Gobierno central.(2) Que, tras haberse beneficiado el separatismo de los efectos de la amnistía, no consiguiera obtener las concesiones que pretende dejando caer al Gobierno central. (3) Que el Propio Gobierno central abrumado por las presiones separatistas tratara de pactar con el principal partido de la oposición o convocara nuevas elecciones .etc.,etc. En esos casos, en que no se pone en peligro el orden constitucional ni la seguridad de España y los españoles, la situación política podría reconducirse por medios normales. Pero, en los dos escenarios el probable o el peligroso, los responsables políticos y funcionarios públicos que nos habrían abocado a ellos, se convertirían en unos MALVADOS, PREVARICADORES Y TRAIDORES, mereciendo el desprecio del conjunto de la sociedad  y su puesta a disposición de la justicia.

Manuel Castro Zotano

General retirado