Como dato histórico curioso les diré que, desde el final de la Guerra de la Independencia (1814) hasta la pérdida de los últimos territorios de la España ultramarina (1898), se produjeron más de doscientas intervenciones por la fuerza del Ejército en la vida política (asonadas, rebeliones, alzamientos, pronunciamientos, etc.). Generales ambiciosos apoyándose, generalmente, en Unidades próximas a la Corte trataban de imponer su voluntad política partidista, hasta el punto que “obligaron a monarcas a cambiar sus políticas absolutistas a constitucionalistas y viceversa o se encumbraron a la regencia o a la presidencia del gobierno con ministros civiles, mientras otros altos mandos militares de ideas políticas diferentes permanecían en la oposición”, llegando en una ocasión a echar una reina, traer un rey de fuera que, también, fue presionado para que renunciase e, incluso, propició la llegada de una república que, mas tarde derribó. El enorme Ejército que salió de la Guerra de la Independencia sufrió a su término una reducción drástica de casi los 3/4 de sus efectivos, aunque permanecieron  muchos oficiales produciéndose una macrocefalia que duró casi dos siglos. En estos golpes o sublevaciones en la que se involucraban Unidades a favor o en contra del general alzado se producía, casi siempre, la disolución de las que perdían y la expulsión del servicio de sus oficiales, consolidando una división política entre militares moderados y exaltados (por no usar términos modernos que podrían llamar a la confusión). Dos años antes de terminar el siglo XX se produjo la derrota en la guerra contra Estados Unidos que finalizo con la perdida de nuestros últimos territorios de ultramar (Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam). Esto sumió en una fuerte desmoralización a la sociedad española que menguó el respeto por su Ejército al que de alguna forma culpó de la derrota. Veintitrés años después, la guerra de África en la que se inmolaron muchos soldados de  reemplazo y, especialmente, tras el Desastre de Anual, los partidos de izquierda y antimonárquicos culparon a los militares y al Rey de lo sucedido. Los militares, sintiéndose acosados, se replegaron sobre sí mismos  acusando a su vez a los políticos del inexistente apoyo presupuestario recibido para llevar a cabo una campaña. Tras este desastre africano el Ejército, como tal, salió de sus cuarteles pocas veces, siendo las más notorias, el golpe de Estado del General Primo de Rivera  con la complicidad del Rey, instaurando una dictadura que duró ocho años y acabó con los desórdenes públicos, mejorando sensiblemente la economía y terminando con la guerra de África; años después, con una situación política revolucionaria durante la Segunda República, el Ejército de África y parte del peninsular dieron un golpe de estado implantando una larga dictadura de casi cuarenta años que, pese a la injustificable represión de la libertad política, proporcionó a España las mayores cotas de desarrollo económico y social de su historia. En este periodo se consolidó un Ejército territorial de elevados efectivos y escasa operatividad integrado por oficiales apolíticos, obedientes y disciplinados, leales al Gobierno. Con estos precedentes que, seguramente impregnaron el inconsciente colectivo de nuestra sociedad, no es de extrañar que haya personas que en tiempos de zozobra política, como ahora, vuelvan los ojos hacia el Ejercito con temor o con esperanza.

 

En mi opinión, el Ejército actual (por extensión las FAS) ha cambiado mucho desde la Transición: primero, se transformó, por la supresión del servicio militar, en un Ejercito profesional, después, con la  entrada en la OTAN compartiendo la seguridad con otros países, hubo que redimensionarlo a la baja para hacerlo más operativo y desplegable a fin de intervenir en misiones internacionales. La autentica realidad es que tener el Ejército con las capacidades militares que se necesitan para atender a las amenazas no compartidas y compartidas es muy caro y, so capa de hacer un Ejército mas pequeño pero más operativo, el político de turno ha ido reduciendo efectivos, sin aumentar sensiblemente las capacidades militares, hasta límites que ponen en riesgo la seguridad nacional y la colectiva. Las extraordinarias actuaciones de nuestras fuerzas militares en intervenciones en el extranjero, que tanto prestigio han dado a España, se deben, fundamentalmente, no a los medios disponibles, en algunos casos obsoletos o insuficientes, sino al valor, entrega  y capacidad de nuestros profesionales. En el aspecto político, las FAS han cumplido escrupulosamente la Constitución y el ordenamiento jurídico de ella derivado. Estoy convencido que si todos los estamentos del Estado y la Nación hubieran guardado la Constitución durante todos estos años como lo han hecho las FAS, no estaríamos en la situación política tan peligrosa como la que estamos.

 

Al argumento mítico-histórico citado en el primer párrafo en relación con la intervención del las FAS para arreglar entuertos políticos se une otro más objetivo  cual es la asignación de misiones que la Constitución hace a las FAS.

 

Analizando, aunque sea someramente por la extensión de ese artículo, las tres misiones que se asignan por la Constitución a las FAS podemos decir que la primera (garantizar la soberanía e independencia de España), se refiere a la defensa militar de España ante un ataque exterior. Pero también se puede poner en peligro la soberanía, que corresponde al pueblo español como un todo, si un enemigo interior, como el secesionismo, trata de mermarla en algunas partes del territorio nacional. ¿Podrían, en este supuesto, ser utilizadas las FAS? La segunda misión (defender su integridad territorial), no solo de acciones militares de  enemigos externos, sino también del secesionismo interior, haciéndonos la misma pregunta de la misión anterior. Por último, la tercera (defender el ordenamiento constitucional), misión novedosa y controvertida donde las haya, con escasísima presencia en nuestro acerbo constitucional ni en el mundo libre. Se entiende que la defensa es militar, contra los que pretenden cambiarlo ilegalmente por la fuerza (existen otras defensas: jurídica y política, económica, etc., a cargo de otros Poderes e Instituciones del Estado).

 

Las preguntas se atropellan en nuestra mente: ¿Son autónomas las FAS para desarrollar este tipo de misiones?, ¿Cuándo y quien considera que se está vulnerando la soberanía e independencia de España, la integridad territorial o el ordenamiento constitucional?, ¿Cómo intervienen las FAS en su caso?

 

Algunos interesados creen ver en la privilegiada inclusión de las misiones a las FAS en el apartado correspondiente al Titulo Preliminar de la Constitución por delante del resto de las instituciones como que el legislador considera las FAS un estamento autónomo a la altura del Gobierno y otros Poderes del Estado. Nada mas lejos de la realidad, la propia Constitución y Leyes Orgánicas que la desarrollan fijan sin la más mínima duda que las misiones de las FAS las cumplen bajo la dirección del Jefe del Gobierno.

 

La secuencia legal hasta llegar al empleo de las FAS sería la siguiente: El Gobierno, ante una situación que pusiera en peligro la soberanía, independencia, integridad territorial de España y el orden constitucional, utilizaría sus competencias políticas ordinarias para restablecer la normalidad, si no lo lograra, declararía la Situación de Interés para la Seguridad Nacional, con la que se reforzaría la coordinación de todas las Administraciones Públicas y se activaría el Sistema de Seguridad Nacional; si tampoco fuera suficiente, el Gobierno, previa autorización del Congreso, declararía el Estado de Excepción; si después de todas estas medidas de carácter civil todavía no se restableciera la situación de normalidad, el Congreso, por mayoría absoluta y a propuesta del Gobierno declararía el Estado de Sitio, designando este último la Autoridad Militar que actuaría bajo su dirección y las condiciones de ejecución que les fijara. En función del tipo de amenaza (exterior o interior) y/o su inmediatez, podrían saltarse algunos pasos del proceso.

 

Hasta aquí está todo claro y contesta cumplidamente a las preguntas que formulábamos anteriormente. Pero hay situaciones de extrema gravedad, aunque con baja probabilidad de suceder, que pueden dificultar o arruinar el proceso legal anterior y que conviene tener previstas para  evitar improvisaciones que puedan poner en riesgo la Seguridad Nacional. Me voy a referir a un supuesto para analizarlo teóricamente:

 

Supongamos que un Gobierno, dolosamente, por acción u omisión ponga en peligro cierto  la soberanía, independencia, integridad territorial de España y el orden constitucional (por ejemplo: decretando la ejecución de un referéndum de autodeterminación en una parte del territorio nacional o permitiendo que autoridades secesionistas de una Comunidad Autónoma lo llevaran a cabo, de forma unilateral, o también, permitiendo que alguna de esas autoridades declarara por cuenta propia la independencia de su CA ).

 

Salvo mejor opinión (soy lego en derecho y en muchas más cosas), me parece que primero habría que saber si, objetivamente, las medidas que tome el Gobierno ponen en peligro la soberanía, independencia e integridad territorial de España y, asimismo, perturban el orden constitucional. En los ejemplos citados en el supuesto, son objetivamente inconstitucionales porque la Constitución determina en el artículo 92 que “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Ni tampoco podrán ser convocados por las Autoridades Autonómicas porque en el Artº 2 de la Ley Orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum dice: “La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado”. También es objetivamente inconstitucional la declaración unilateral de independencia de una CA porque vulnera los Artículos 1.1, 1.2,  y 2 de la Constitución Española. Todo ello, desde un punto de vista legal, pero también es ilegítimo porque España es anterior a cualquier ordenamiento jurídico y nadie la puede romper ni siquiera desde la ley.  De todos modos, sería el Tribunal Constitucional el que sentenciaría si la medida adoptada afectara al orden constitucional.  ¿Y si el Tribunal Constitucional estuviera colonizado por ese hipotético Gobierno o el partido que lo sustentara e influyera en su sentencia? No habría solución porque sus sentencias tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación no cabría recurso alguno contra ellas. Tampoco puede acudirse al Tribunal de Justicia de la UE que no entiende de estos asuntos. En cuanto a los otros mandatos constitucionales (soberanía, independencia e integridad territorial de España), forman parte de la Seguridad Nacional que comprende la Defensa Nacional, la Seguridad Pública, la Acción Exterior, con el apoyo del CNI. Los Jefes o Directores de cada uno de los ámbitos de la SN, una vez conocidos fehacientemente las acciones u omisiones del Gobierno en esta materia se pondrán en contacto con sus Ministros correspondientes para denunciar los hechos, así como en el Consejo de Estado, Consejo de Defensa Nacional y Consejo de Seguridad Nacional, los que pertenecieran a ellos. Por su parte, el JEMAD lo haría con SM el Rey que es Jefe de las FAS.

 

Si el Gobierno no cambiara de parecer y emitiera órdenes que objetivamente ponen en riesgo la Soberanía, Independencia, Integridad Territorial y Ordenamiento Constitucional con el beneplácito del Tribunal Constitucional y dominara el Poder Legislativo, no quedaría otra opción de lucha institucional que la llevada a cabo por el Poder Judicial tanto en España como en la Unión Europea. Los Jefes del resto de Instituciones y organismos que tienen misiones relacionadas con la Seguridad Nacional (FCSE, FAS y CNI) deberían desobedecer cualquier orden objetivamente inconstitucional, bajo su responsabilidad. Estas actuaciones crearían un clima de inseguridad jurídica y tensión política que se trasladaría a la calle donde podrían producirse disturbios peligrosos para la vida y los bienes de muchos ciudadanos. Partidos políticos antisistema tratarían de infiltrarse en las Instituciones y organismos que monopolizan la fuerza del Estado para dividirlas con el consiguiente peligro de enfrentamientos armados que terminaran como, históricamente suelen terminar: en un baño de sangre entre hermanos. Por ello, las FAS, deben permanecer, en todo momento, unidas, disciplinadas y jerarquizadas, evitando toda contaminación política,  manteniéndose bajo el mando del Rey  y la dirección del Gobierno, mientras este se muestre respetuoso con el marco constitucional. Caso contrario, las FAS obedecerían a SM el Rey que representa la unidad y permanencia de la Patria  y presumiblemente intervendría para restablecer la situación.

 

Hay gente interesada tanto a la izquierda como a la derecha en que la vida política en España se reduzca a elegir entre dos tipos de dictadura. En ninguno de los dos casos se llegaría, como lo ha sido históricamente, por medio del empleo o amenaza de hacerlo por la fuerza armada (sea del Estado o popular). Hoy hay métodos más sutiles para apoderarse de todos los poderes del Estado y otras instituciones y organismos relevantes. En cualquier caso, la más probable sería la dictadura de izquierdas porque tienen un relato “progresista” que atrae a las masas, una estrategia para imponerlo y, fundamentalmente, disponen del poder. El relato no deja de ser un bodrio pseudo científico, contrario a la naturaleza, disolvente en lo moral y destructivo de la persona, la familia, la Patria y, en definitiva, de la civilización occidental. En cuanto a la estrategia, su comunicación pública es impecable (utiliza el lenguaje para infundir miedo a los grupos políticos rivales tachándolos de ultraderecha o compinches de ella, polariza la sociedad para atraerse a los tibios, desinforma sobre los problemas que le acucian: corrupción, mala gestión, etc.), controlando los medios más importantes de comunicación. Su toma del poder, bajo la apariencia de defensa de la democracia, es un hecho que se consuma por momentos (colonización de Poderes e instituciones). La derecha mayoritaria, en su afán por hacerse con el poder, en las urnas, renuncia a su valores tradicionales y acepta el relato para no ser tratada de facha, y actúa de puntillas para evitar  la fuga de votos de centro si se muestra contundente. Combate políticamente con más saña al grupo que se autodefine de derechas que a sus adversarios de izquierdas. Mientras tanto, grupúsculos de antisistemas (esos que metafóricamente denominan “el espacio político a la izquierda del PSOE”), separatistas,y/o filoterroristas, ganan cada día más poder para destruir a España.

 

Para mayor abundamiento en este despropósito, los resultados de las últimas votaciones para el parlamento europeo en que se ha producido un ascenso extraordinario de los partidos que la secta “progresistas” denomina de ultraderecha (hacen sus matices en función de sus intereses: derecha populista, ultraliberal, etc). El miedo a perder poltronas ha cundido y la Sra. von der Leyer del Partido Popular Europeo, para no perder su  candidatura a la reelección como Presidenta a la Comisión Europea, ha expresado su deseo de pactar con los perdedores socialistas y liberales y muy gráficamente ha venido a decir que quiere elevar diques (o palabra semejante) contra la ultraizquierda y la ultraderecha (esta señora no levanta muros como nuestro Presidente, lo hace con diques. El caso es separar). Se puede dar el caso curioso que usted, que pensaba que su voto al PP podría servir para derrotar a Sánchez aquí en España, en el Parlamento Europeo, servirá para sacar adelante proyectos socialistas (¡Jo, qué tropa!).

 

He tratado de analizar en este artículo el marco legal en que se desenvuelven las FAS en relación con sus misiones constitucionales y, a su vez, he examinado un supuesto teórico no descartable que puede poner en peligro el proceso anterior  y por tanto la Seguridad Nacional. En un próximo artículo, trataré de expresar mis conclusiones al respecto. En estos tiempos no hay cabida para los timoratos.

 

 

Manuel Castro Zotano

General retirado

Junio 2024