La reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que ha golpeado con fuerza al levante español, Castilla – La Mancha y Andalucía expone serias carencias en la gestión de emergencias en España. Desde el mensaje tardío de Protección Civil a pesar del nivel rojo que había predicho la AEMET desde primera hora del martes día 29 de octubre, a todos los móviles de los habitantes de las zonas afectadas, hasta la torpe falta de decisión de no declarar inmediatamente el estado de alarma, a pesar de los graves daños y estragos causados por las riadas, que ha dejado, por ahora, a más de doscientos muertos y a miles de damnificados que lo han perdido todo, sin la asistencia requerida y necesaria; ha puesto de manifiesto la incapacidad de respuesta del gobierno nacional y autonómico ante una situación crítica de emergencia debido a elementos meteorológicos, las amenazas emergentes que nos han tocado vivir.

Por otro lado, la eliminación de presas bajo las directrices de la Agenda 2030, diseñadas para restaurar ecosistemas, pero cruciales para la protección de poblaciones, ha generado críticas razonables sobre lo políticamente correcto en contra del bienestar de la población.

Además, y a pesar del extraordinario esfuerzo de la UME, Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Locales, bomberos, protección civil y un sinnúmero de voluntarios, con sus efectivos personales y recursos materiales, esta tragedia está poniendo en evidencia la falta de la debida coordinación y liderazgo necesario de los responsables políticos en situaciones de crisis. La pregunta ahora es si esta gestión deficiente pone a España en riesgo de ser considerado un estado fallido, incapaz de proteger y velar por la supervivencia y bienestar de sus ciudadanos en una situación de emergencia nacional.

ESTADO DE ALARMA

Declarar el estado de alarma en España, en vista de las recientes y catastróficas inundaciones, permitiría una respuesta coordinada y el uso completo de los recursos públicos para atender esta grave emergencia de la población afectada. Esta medida, regulada en la Ley Orgánica 4/1981, se activa en situaciones de grave riesgo colectivo, como desastres naturales, y concede al gobierno poderes especiales para intervenir en áreas clave, limitar desplazamientos o requisar bienes en aras de la seguridad ciudadana y la restauración de la normalidad deseada.

El estado de alarma ha sido invocado anteriormente, como en la pandemia de COVID-19, para gestionar una situación excepcional que afectaba la seguridad y salud de los ciudadanos. Según la Constitución Española (artículo 116), esta declaración puede extenderse hasta 15 días inicialmente y prorrogarse con autorización del Congreso de los Diputados.

Las inundaciones provocadas por la DANA han dejado cientos de municipios sin agua potable y electricidad, además de provocar una devastación de infraestructuras y miles de evacuados. Este contexto justifica que el gobierno evalúe decretar el estado de alarma para hacer frente a la crisis.

Entre las disposiciones clave se encuentran:

• Movilización de todos los recursos disponibles: Facilitaría la participación de todas las Fuerzas Armadas, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, protección civil y otros cuerpos en las labores de rescate y ayuda humanitaria.
• Requisición de bienes y limitación de derechos: Se podrían asignar recursos privados para atender a los damnificados y restringir desplazamientos para garantizar la seguridad en áreas afectadas.
• Coordinación entre administraciones: Centralizaría la respuesta del Estado, coordinando con comunidades autónomas y entidades locales en el despliegue de personal y equipamiento.

La Constitución Española establece que el estado de alarma permite que el gobierno actúe de manera expedita en circunstancias de crisis extrema. La magnitud de las inundaciones y los daños en infraestructuras clave requieren de una medida excepcional que garantice la protección de la población y la reconstrucción de áreas afectadas. Con ello, se busca asegurar que todos los ciudadanos cuenten con los medios necesarios para superar esta catástrofe.

UNIFORMADOS, VOLUNTARIOS Y PREPARADOS

Desde diferentes asociaciones de militares y policías, han criticado duramente a los ministerios de Defensa e Interior por la falta de activación de todos los recursos disponibles en Valencia y Albacete, tras una devastadora DANA que ha dejado, por ahora, más de 200 muertos y numerosos desaparecidos. A pesar de la magnitud de la crisis, solo se ha desplegado la Unidad Militar de Emergencias (UME) y algunos equipos del Mando de Operaciones Especiales (MOE), mientras que otras unidades militares permanecen inactivas por la falta de órdenes para desplegar.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) cuestiona por qué no se movilizan más efectivos de las Fuerzas Armadas en Valencia, recordando que hay más de cinco mil militares en la región con capacidades útiles para la situación. Por su parte, el sindicato policial JUPOL expresa indignación ante la negativa de Interior y de la Dirección General de la Policía para desplegar a las Unidades de Intervención y Prevención, pese a que muchos agentes han ofrecido su tiempo libre para colaborar. La Confederación Española de Policía (CEP) también lamenta que se frene la actuación de la Policía Nacional en una emergencia de esta escala, insistiendo en que toda ayuda es necesaria.

A tenor de tanta inoperancia, nos podríamos preguntar: ¿Para qué queremos tantos recursos humanos, medios materiales y sistemas tecnológicos sofisticados en nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si no es para defender y proteger a nuestros compatriotas? Con lo ágil que es el gobierno para apoyar desastres naturales en otros países aliados y amigos y, sin embargo, en nuestro suelo patrio, nos cuesta más trabajo desplegarlos. La curiosa idiosincrasia española.

En este caso, la DANA es el enemigo de España y de los españoles. Es lo que nos han traído estos tiempos en un mundo globalizado y de cambio climático, que nos atacan con elementos atmosféricos, con viento y marea.

Al igual que se hizo frente a la pandemia del COVID-19 con todos los recursos del Estado a nuestro alcance, en particular con la Operación Balmis, aquí también se deberían emplear, con diligencia y el planeamiento adecuado, toda la fortaleza y recursos de nuestras Fuerzas Armadas.

El uso de camiones pesados y mecanizados, soldados y marineros para ayuda y apoyo a los afectados con víveres, tiendas de campaña, helicópteros y los pontoneros para tender vías de acceso a las poblaciones aisladas, despejar vehículos de calles y vías de comunicación, entre otras acciones debidamente coordinadas, sería una toma de decisión no sólo necesaria, sino justa para el bienestar de nuestros compatriotas.

El extraordinario trabajo desempeñado por la UME, Guardia Civil, Policía Nacional, bomberos y Protección Civil se verían muy respaldados y apoyados por los integrantes de las Fuerzas Armadas, sus compañeros de armas. Tomar la decisión, por parte de la Ministra de Defensa del Gobierno de España, de enviar fuerzas y medios militares a las zonas damnificadas después de tres días de penurias, retrata por si mismo la incapacidad y la falta de liderazgo de quien nos mal gobierna.

Los españoles y, en particular los afectados directamente por la DANA, no se merecen este desamparo del gobierno. Parece que las imágenes que vemos a través de la televisión muestran un país tercermundista, esto no es Europa, esto no es España; son como las imágenes de Gaza y Ucrania, de zona de guerra.

¿Dónde están nuestros soldados y marineros? ¿Dónde están los medios y sistemas tecnológicos que pagamos con nuestros impuestos?

¿Cómo es posible que los españoles afectados, sin agua, sin comida y carentes de todo lo básico para su higiene personal tenga que asaltar supermercados como si fueran delincuentes haciendo pillaje?

Si la previsión y aviso a la población de la DANA fue imprecisa, tardía y pésima, sus trágicas consecuencias y las medidas para subsanar los daños personales y materiales están siendo nefastas para la población.

 

AGENDA 2030 Y LAS PRESAS HIDRÁULICAS

En 2021, España lideró la eliminación de barreras fluviales en Europa, con 108 estructuras retiradas, en línea con el proyecto europeo Dam Removal de la organización World Fish Migration. Esta iniciativa busca restaurar la conectividad de ecosistemas acuáticos y mejorar los hábitats naturales. A pesar de estar en medio de una sequía, el Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado entonces por Teresa Ribera, continuó con el plan de derribo de presas y barreras fluviales, destinando 2.500 millones de euros hasta 2030 como parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Desde el inicio de la estrategia en 2005, se han eliminado 559 barreras, incluyendo azudes y pasos. En lugar de aprobar un beneficioso Plan Hidrográfico Nacional en donde se contemplen trasvases de cuencas fluviales generosas a otras en déficit, hemos optado por derribar presas, para cumplir una agenda que pocos países europeos siguen con tanto interés.

El gobierno justifica el programa como parte de sus compromisos ambientales europeos, mientras que desde la oposición y sectores agrícolas se cuestiona su viabilidad en un contexto de escasez de agua, así como de una barrera para asegurar poblaciones ante posibles inundaciones, como es el caso. Si no dominas, en cierto modo, a la naturaleza, la fuerza de la naturaleza nos dominará y nos hará sufrir con sus efectos devastadores.

Las presas en la Comunidad Valenciana, especialmente la presa de Forata, han demostrado ser elementos esenciales para mitigar el impacto de las intensas lluvias causadas por fenómenos meteorológicos como la DANA. Forata, alcanzando su máxima capacidad, ha retenido más de 37.000 millones de litros de agua, evitando una catástrofe aún mayor en Valencia. La capacidad de esta infraestructura para contener grandes volúmenes de agua ha sido crucial para proteger vidas y reducir el riesgo de inundación en los municipios aledaños, que, sin estas presas, habrían quedado a merced de las crecidas.

Las presas, en el contexto actual, funcionan como auténticos salvavidas. Al controlar el flujo de agua hacia los ríos y embalses, estas construcciones logran minimizar el impacto directo de las lluvias torrenciales sobre las poblaciones. En un territorio como el valenciano, donde la cuenca hidrográfica puede verse rápidamente sobrepasada, las presas han mostrado su eficacia en la protección del ecosistema y del tejido urbano. Estos fenómenos extremos, como las DANAs, generan grandes volúmenes de agua en cortos periodos de tiempo, lo que dificulta que el terreno y los cauces naturales puedan absorber el agua sin ocasionar daños significativos.

Sin embargo, la efectividad de estas infraestructuras hidráulicas contrasta con las directrices de sostenibilidad promovidas por la Agenda 2030, que ha impulsado la demolición de muchas de estas presas en pro de la “renaturalización” de los ríos. Esta iniciativa, que busca devolver a los ecosistemas su estado original, apuesta por eliminar estructuras que alteran el flujo natural del agua, con el objetivo de mejorar la biodiversidad y reducir el impacto medioambiental a largo plazo. Desde una perspectiva puramente ecológica, esta restauración de los cauces tiene beneficios innegables: la flora y fauna acuática recuperan su equilibrio, se reducen las barreras artificiales y el ciclo natural del agua se mantiene sin interferencias.

No obstante, este enfoque choca con la realidad de un cambio climático que está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente en zonas mediterráneas propensas a lluvias torrenciales como la Comunidad Valenciana. La eliminación de infraestructuras hidráulicas, que llevan décadas regulando los caudales y evitando desbordamientos, expone a las poblaciones a un mayor riesgo de inundación en eventos de lluvias extremas. Las presas representan una barrera que, si bien puede interferir en el ecosistema en condiciones normales, se convierte en una defensa vital en momentos de emergencia climática.

La paradoja de la Agenda 2030 es que, en su afán por mejorar el entorno y frenar la intervención humana en los ríos, puede llegar a aumentar el riesgo para la vida y las infraestructuras de las zonas más vulnerables. La renaturalización es un objetivo noble, pero debe equilibrarse con el contexto climático actual y los desafíos de la meteorología cambiante. Los críticos señalan que desmantelar presas sin tomar en cuenta el incremento de DANAs y otros eventos extremos equivale a ignorar la función de contención y protección que estas infraestructuras cumplen.

Este dilema se refleja en la situación actual de la Comunidad Valenciana: mientras los habitantes de la región ven cómo las presas frenan las riadas, el desmantelamiento de infraestructuras similares en otras cuencas plantea dudas sobre la eficacia de la Agenda 2030 en este contexto. En lugar de una eliminación radical, algunos expertos abogan por un enfoque más pragmático que combine la restauración de la naturaleza con la conservación de aquellas infraestructuras clave que realmente contribuyen a mitigar riesgos en zonas de alta vulnerabilidad. Adaptar las presas y los embalses a criterios sostenibles es una solución que permitiría cumplir con los objetivos ambientales sin dejar de garantizar la seguridad hídrica y la protección de las poblaciones.

Así, la reciente actuación de la presa de Forata deja claro que, si bien es fundamental avanzar hacia un modelo sostenible, también es necesario reconocer la importancia de estas infraestructuras en un contexto de cambio climático que exige adaptaciones a los nuevos patrones de riesgo. Las presas, en especial en regiones como Valencia, podrían integrarse en un plan estratégico de prevención y sostenibilidad, en lugar de ser desmanteladas en favor de un ecosistema que, en épocas de crisis climática, no puede proteger por sí mismo a las comunidades.

ESPAÑA: ¿UN ESTADO FALLIDO?

A raíz de la incapacidad manifiesta de los dirigentes políticos para hacer frente con rapidez y eficacia, ha abierto el debate sobre si España puede considerarse un estado fallido dada la falta de atención a los damnificados por las inundaciones causadas por la DANA, que han devastado poblaciones en la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía.

Un estado se considera fallido cuando “no es capaz de proteger y asistir a sus ciudadanos en momentos críticos”, y esta falta de reacción efectiva por parte de las autoridades en situaciones de emergencia plantea dudas sobre su capacidad operativa.

La ausencia de una asistencia eficiente y rápida ante desastres naturales tan graves evidencia problemas profundos en la administración del país, especialmente en la asignación de recursos y la coordinación interinstitucional. Las consecuencias de la DANA, que ha dejado a miles de personas sin hogar, electricidad y acceso a servicios básicos, fueron gestionadas, en muchos casos, por los propios vecinos o con recursos limitados a nivel local. Esta situación, sumada a la insuficiente movilización de la UME y unidades militares y la falta de planes de contingencia bien definidos, ha generado un gran malestar entre la ciudadanía.

La gestión de desastres naturales requiere de planificación y preparación continua, que deben ser supervisadas y reforzadas por el Estado. Sin embargo, la percepción generalizada es que, ante los efectos climáticos extremos, la respuesta del gobierno es insuficiente y tardía, un hecho agravado por la escasa inversión en infraestructura de prevención y en sistemas de alerta temprana.

Además, el gobierno ha sido criticado por priorizar la implementación de políticas que responden a compromisos políticos internacionales y la Agenda 2030, a menudo descuidando el desarrollo de soluciones efectivas ante situaciones de emergencias. Mientras tanto, los ciudadanos ven mermada su confianza en un sistema que parece distante y desinteresado en atender necesidades básicas en momentos de crisis.

Si bien sería exagerado etiquetar a España como un estado fallido, la falta de acción ante las catástrofes naturales y la creciente desconfianza social sugieren la necesidad urgente de revisar los protocolos de emergencia, mejorar la capacidad de respuesta ante desastres y recuperar la confianza de la población. Sin una respuesta sólida y adecuada, las críticas seguirán creciendo, y cuestionarán la efectividad del gobierno nacional y autonómico a la hora de proteger y velar por el bienestar de sus ciudadanos.

CONCLUSIÓN

Los españoles no merecemos este trato tercermundista que no se identifica con nuestra posición económica y desarrollo en el ranking europeo. Lamentablemente, estas trágicas situaciones ponen de relieve la manifiesta incapacidad y mediocridad de unos dirigentes políticos, que no saben gestionar, con rapidez y eficacia, la debida toma de decisiones necesaria para prevenir y prestar los apoyos requeridos por una población de damnificados que aún hoy en día, después de tres días del sunami fluvial, carecen de alimentos, luz, agua y los artículos básicos de higiene personal.

Afortunadamente, los españoles tenemos en nuestro ADN el carácter luchador y de solidaridad que nos hace fuertes e imbatibles, a pesar del gobierno. También, como el agua, tenemos memoria y no vamos a olvidar a quien nos dejaron indefensos y desatendidos ante tanta devastación y tragedias personales. De hecho, no he visto a ningún representante político estrechar la mano de los damnificados ni interesarse, cara a cara, por su difícil situación. Una actitud que demuestra su falta de empatía y sensibilidad.

En otros países, con políticos mejor preparados y altura de miras, ante estas situaciones negligentes, ya habrían presentado su dimisión, como corresponde a un cargo político que respeta a sus votantes y a los ciudadanos que han confiado en ellos. Rectificar es de sabios, que por lo menos lo demuestren en estos trágicos momentos.

Coronel (R.) del Ejército del Aire y del Espacio Julio Serrano Carranza

Blog: generaldavila.com

01 noviembre 2024