Nada más comenzar la andadura del Gobierno central en la presente legislatura y ya se han materializado los chantajes del separatismo. El Sr. Sánchez que sigue al pie de la  letra el método Zapatero en toda negociación (concertarlas solo con la extrema izquierda o separatistas; terminarlas rápidamente cediendo en todo lo que le piden, pueda o no  concederlo; y chalanear con el adversario cuando tiene que cumplir lo pactado), cosechó sus primeros “éxitos”: dos decretos que, tras un parón técnico muy oportuno en las votaciones, sacó adelante con los votos de los separatistas y otro fallido por la pelea entre familias de extrema izquierda.
En cuanto a los dos decretos aprobados, que produjeron en la bancada socialista una gran euforia, tuvo que comprometerse, según se jactó Junts, a conceder un enorme paquete de medidas, a cambio de su abstención; alguna, tenía que ver con la situación procesal del Sr. Puigdemont que tiene la mosca detrás de la oreja respecto a su amnistía; otras, muchas, de tipo económico que consagran la vulneración del principio constitucional de igualdad de todos los españoles y, por último, y para mí la más peligrosa, que les cede a los separatistas las competencias plenas en materia de orientación de los flujos migratorios en Cataluña.
El revuelo generado con la protesta de varios Presidentes autonómicos por estas medidas obligó al Presidente del Gobierno a intervenir públicamente afirmando, sin el menor reparo, “que no descarta delegar competencias a Cataluña relativas a la ordenación de migrantes en territorio nacional y también sobre políticas de integración (no es que descarte es que le obligan los separatistas a hacerlo)”; recalcó, además, que el control de fronteras y la lucha contra la migración irregular queda en manos de la Administración General del Estado y no se puede delegar (¡hasta ahí podíamos llegar!, ¿se imaginan ustedes la cesión al Govern de algún buque de guerra para que, con la estelada como pabellón, participe en las misiones de control de fronteras de la UE con Frontex?).
Por mi parte, solo me voy a referir a lo que afecta, de algún modo, a la Seguridad Nacional. Para ello, es preciso conocer la autentica postura de los separatistas catalanes en lo referente a la emigración porque esa, no les quepa la menor duda, será la que se imponga. Siguiendo las declaraciones que últimamente están haciendo, especialmente Junts, parece que quieren cambiar el paradigma migratorio: pasar de una política de acogida de migrantes musulmanes fundamentalmente, a otra en que sea el Govern el que
los que elija y controle.
En principio, el corrupto, visionario y supremacista jefe, el expresidente de la Generalidad Jordi Pujol, quiso diseñar una sociedad catalana de forma piramidal, tan moderna, tan moderna que se parecía muchísimo a la griega del siglo IV antes de Cristo: en la cúspide, los atenienses, es decir, los de ocho apellidos catalanes, los únicos capacitados para mandar en todo el cotarro; en el centro los metecos, o sea, los charnegos, buena gente, sencilla y trabajadora que en sucesivas generaciones fueron discriminados, humillados, despreciados por razón de su origen -venir de otras partes de España-, lengua y raza -¡habrá mayor despropósito supremacista!- y explotados, mientras ellos apretando los dientes trabajaron duro para labrarse un provenir, levantar Cataluña y enriquecer a los que hoy los mandan. Pese a esto, se siguieron sintiendo españoles y catalanes (perdonen el pleonasmo). Un grupo de ellos, padeciendo del “síndrome de Estocolmo”, besaron la mano que los abofeteaba queriendo sentarse a la mesa de sus amos y lo consiguieron: postrados a sus pies comiéndose las migajas que caían y mirándolos arrobados para al mínimo gesto hacer una cabriola que los distrajera. Por último, la base de la pirámide formada por los ilotas, emigrantes musulmanes, con alta natalidad, escasa cultura y baja formación profesional que tendrían que hablar catalán forzosamente para comunicarse (por eso no querían hispanos, fácilmente integrables, por su resistencia a hablar otro idioma que el español estando en España), a los que se les proporcionaría un empleo no cualificado que, agradecidos, les llenarían las urnas de votos.
Esta idílica visión no les salió porque, casi cuarenta años después, los musulmanes, en general, no hablan catalán y bastantes español, tampoco han hecho ningún esfuerzo para integrarse, porque su cultura y la nuestra son como el agua y el aceite, en cambio, se han agrupado en algunas ciudades en guetos donde aplican su propias leyes y no entran ni los mozos de escuadra y, para colmo, a la hora de votar (los que pueden hacerlo) se abstienen mayoritariamente; para mayor abundamiento, el rechazo social, el paro y la falta de horizontes hacen que algunos sean sean presa fácil del islamismo radical, con el grave problema que supone para la seguridad ciudadana no solo de Cataluña, sino de toda España. Por eso, ahora, las élites separatistas quieren un cambio de paradigma, ambicionan el absoluto control de todos los migrantes que hay dentro de Cataluña y seleccionar a aquellos que dejarán entrar con cuentagotas (olvídese el
Gobierno Central de Cataluña cuando asigne las cuotas de emigrantes a las distintas Comunidades Autónomas).
Para realizar ese control les es indispensable disponer de las bases de datos de extranjería, hoy en manos de la policía estatal, a la que tienen que recurrir los mozos para cualquier información. Si como dice Junts (y no tiene por qué mentir) el Gobierno Central les ha concedido la totalidad de competencias en materia de orientación de flujos
migratorios en Cataluña esas bases de datos serán suyas y la Policía Nacional se habrá quedado al margen de esas misiones, no siendo descartable que reduzcan sus efectivos o que los retiren en su totalidad del territorio autonómico. Si a esto unimos que a los servicios de inteligencia estatales se les pueda prohibir la vigilancia de los elementos separatistas -estén o no estén en instituciones de la Autonomía Catalana- por ser enemigos activos de España, el retroceso del Estado en Cataluña, que se viene realizando sistemáticamente desde la Transición, se habrá consumado (es coherente lo que digo, pues ya conocen ustedes la que se armó con el caso “Pegasus” de espionaje a los lideres separatistas levantado por una empresa canadiense. Varios ministros del Gobierno central en estado de shock tuvieron que salir urgentemente a la palestra para negarlo o disimularlo y no digamos la prensa que, incluso la de derechas, se la coge con
papel de fumar. Pero vamos a ver, ¿no son enemigos de España confesos y, en algunos casos, convictos de delitos de sedición y malversación, que han prometido repetirlo?, ¿es
qué no es perfectamente lícito espiar, con fines de seguridad preventiva, siempre con la formalidad legal de autorización judicial, al que pretende trocear a España?).

Las consecuencias de este último repliegue del Estado serían devastadoras en materia de seguridad para España y, dentro de ella Cataluña. En la Estrategia de Seguridad Nacional se plantea como objetivo la prevención, el control y la ordenación de los flujos migratorios en nuestras fronteras, que constituyen, a su vez, límites exteriores de la UE.; en función de estos objetivos y, detectados unos riesgos asociados a la inmigración irregular, formula unas lineas de acción apropiadas para atajarlos: “la defensa de la legalidad y preservación de la seguridad ciudadana, para facilitar la lucha contra el crimen organizado, las redes de inmigración irregular y de tráfico de seres humanos, así como impedir que determinados grupos instrumentalicen o capten a inmigrantes para actividades ilícitas; la lucha contra la discriminación y garantía del principio de igualdad con atención especial a los colectivos más vulnerables, especialmente, los menores no acompañados, las familias y las mujeres; y la promoción de la integración social con espacios de convivencia y apoyo para los inmigrantes más vulnerables.”
Caso de que todas las competencias en estas materias, dentro de Cataluña, estuvieran en manos de los separatistas del Govern no tendrían los recursos que tiene el Estado, ni los podría generar en bastante tiempo, para ejercerlas debidamente con lo cual se crearía una vulnerabilidad muy peligrosa no solo para la Cataluña sino para el resto de España por deficiencias en la prevención. Hay que tener en cuenta que algunas amenazas para la SN como el terrorismo islámico o el crimen organizado trascienden las fronteras nacionales, cuanto más, las interiores. Pero no hay que olvidar que la amenaza latente con mayor riesgo de producirse es la de un nuevo golpe de estado como el del 2017 con igual o mayor violencia. En ese caso, prevenirlo sería mucho más difícil (con los recursos de inteligencia del Estado fuera de la Autonomía o desactivados) y atajarlo mucho más costoso y seguramente mucho más doloroso (no sería suficiente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional, habría que recurrir a la Ley de estados, llegando, en su caso, aaplicar el estado de sitio).
Perdonen que me sienta pesimista, desconfío de la lealtad de la Autonomía con el Estado en materia de seguridad ciudadana del resto de España (en cualquiera de las amenazas que hemos expuesto) estando gobernada por separatistas que la odian y sacan rendimiento de sus males.
Lo más triste de todo es que esa enorme vulnerabilidad en la seguridad nacional la provoca el propio Gobierno central de forma voluntaria por un puñado de votos. Los que así actúan tienen un nombre que, en román paladino, no es otro que el de TRAIDORES (en el sentido que al termino da la segunda acepción del diccionario RAE, no la tipificación
del delito de ese nombre en el Código Penal que ya se han encargado los políticos a lo largo del tiempo de reducirlo a amenazas exteriores para estar cubiertos de
responsabilidades penales).
¿Nos merecemos esto?, ¿es que nos hemos vuelto locos?
Manuel Castro Zotano. General retirado