Tras la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre que ha anunciado el presidente del Gobierno este pasado lunes, 5 de octubre después de ocho años de gobierno socialista progresista, permiten y obligan a hacer balance de la gobernanza aplicada por sus ministros. No se trata únicamente de enumerar aciertos y errores de un Ejecutivo, sino de preguntarnos qué lecciones aprendidas puede extraer España y los españoles de la forma en que se nos ha gobernado durante este periodo de tiempo.
Un balance serio no puede limitarse, única y exclusivamente, a las catástrofes naturales o a las situaciones de emergencia, aunque también. Debe contemplar además la economía, las cuentas públicas, los servicios esenciales, la vivienda, la seguridad, las vías de comunicación, las instituciones y la posición internacional de España. Porque gobernar no es solamente aprobar leyes o movilizar recursos, es conseguir resultados beneficiosos para la sociedad.
DE LA PANDEMIA A LAS EMERGENCIAS
La pandemia de COVID-19 del 2020 y años posteriores con casi 140.000 muertes, puso a prueba al Estado como pocas situaciones anteriores. Miles de muertes y familias perdieron a sus seres queridos, quedaron al descubierto carencias de coordinación, información y preparación para una emergencia sanitaria de semejante magnitud. Pero tal vez, lo más penoso, después de las muertes, fue el enriquecimiento vergonzoso de políticos y empresarios a costa de la desgracia de los demás.
Después llegaron la DANA en 2024 en Valencia y otras zonas con 222 fallecidos, el apagón del 2025 y el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba en 2026 con 46 fallecidos.
Son desastres naturales o terribles accidentes que dejan una enseñanza común: España necesita mejorar su capacidad de prevención, coordinación y respuesta ante las emergencias. Se pudieron salvar muchas vidas si hubiese habido una reacción más eficiente y diligente, no solamente con la intervención del personal necesario, sino también con las obras y canalizaciones de mantenimiento pertinentes.
La prevención salva vidas. La improvisación y dejadez puede ponerlas en riesgo. Y en un Estado descentralizado, las competencias no pueden convertirse en un mecanismo para diluir responsabilidades cuando llega una crisis.
DEUDA Y ECONOMÍA COTIDIANA
España ha crecido y ha creado empleo, datos que legítimamente forman parte del balance que presenta el Gobierno. Pero junto a ellos existe otra realidad: una deuda pública que continúa en niveles muy elevados y un aumento acumulado del coste de la vida.
En junio de 2026, la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó 1,763 billones de euros, el 101,4% del PIB. Es cierto que la ratio sobre PIB había descendido respecto al año anterior, pero el volumen absoluto de deuda seguía creciendo. La cuestión no es solamente cuánto debemos. Es también qué margen de maniobra dejamos para afrontar la próxima crisis.
La otra magnitud que percibe directamente la familia es la cesta de la compra, la microeconomía familiar. El ciudadano no compra porcentajes de inflación: compra alimentos, energía y servicios. En casa no se habla de macroeconomía, la economía se mide en las estadísticas y se percibe en el supermercado, en las tiendas y en los servicios.
PRESUPUESTOS: UNA OBLIGACIÓN Y UNA HOJA DE RUTA
Existe además una cuestión institucional que merece atención: los Presupuestos Generales del Estado. El artículo 134 de la Constitución establece que corresponde al Gobierno elaborarlos y presentarlos ante el Congreso en el plazo establecido. Al mismo tiempo, contempla expresamente la prórroga automática cuando los nuevos Presupuestos no son aprobados.
Por tanto, la prórroga es constitucional. Pero no debería confundirse la posibilidad constitucional de prorrogar unos Presupuestos con la conveniencia política de gobernar prolongadamente sin una nueva ley presupuestaria.
Defensa, sanidad, educación, infraestructuras, vivienda, seguridad o política exterior necesitan planificación. Sin una verdadera hoja de ruta presupuestaria resulta más difícil conocer hacia dónde quiere llevar el Gobierno al Estado y el bienestar de todos los españoles.
SANIDAD Y EDUCACIÓN: DOS PILARES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE BIENESTAR
No sería riguroso afirmar simplemente que España «no invierte» en ellos. La cuestión más importante es otra: ¿qué resultados obtiene el ciudadano de los recursos que se destinan a estos servicios?
Las listas de espera, la presión sobre la atención primaria, la falta de determinados profesionales y las diferencias territoriales forman parte de las reclamaciones y del debate sobre la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Lo mismo ocurre con la educación. Los resultados del informe PISA ofrecen una referencia internacional que obliga a reflexionar. España se situó por debajo de la media de la OCDE en tres materias principales: matemáticas, comprensión lectora y ciencias. A pesar de tener un cuadro de profesores preparados, aunque poco valorados, da la sensación de que, si bien los alumnos pasan por las aulas de nuestros colegios y universidades, sus enseñanzas no calan debidamente en ellos.
No podemos atribuir toda esta responsabilidad a un solo gobierno. Pero sí debemos formular una pregunta: ¿estamos preparando adecuadamente a nuestros jóvenes para la España del futuro? Porque una política pública no se evalúa solamente por los recursos que consume, sino por los resultados que alcanza.
VIVIENDA: EL PROBLEMA DE UNA GENERACIÓN
La vivienda se ha convertido en otra de las grandes preocupaciones nacionales. Precios elevados, alquileres difíciles de asumir y escasez de oferta en las zonas de mayor demanda están retrasando la emancipación de muchos de nuestros jóvenes.
La imagen de la Puerta del Sol colapsada de tiendas de campaña simboliza una realidad que no puede ignorarse. El derecho constitucional a la vivienda no se garantiza únicamente aprobando leyes. Se garantiza consiguiendo que haya viviendas suficientes y accesibles. Eso exige suelo, construcción, seguridad jurídica, agilidad administrativa y un parque suficiente de alquiler. Exige apoyo de las administraciones locales, autonómicas y nacionales, con la debida colaboración y coordinación mutua.
CEUTA: MÁS ALLÁ DE LA INMIGRACIÓN
Ceuta merece un análisis diferente.
La invasión de nuestras fronteras pone de manifiesto nuestras debilidades a la hora de defender nuestra integridad territorial y soberanía nacional. A diferencia de lo expresado por nuestro ejecutivo, parecería que había explotado una grave crisis diplomática entre España y Marruecos, el sibilino vecino del sur.
Poniendo de manifiesto una realidad que Europa ha ido incorporando a su doctrina de seguridad: la instrumentalización de los flujos migratorios como herramienta de presión. Lo que se ha dado en llamar una guerra híbrida y de la denominada zona gris, donde se utilizan instrumentos económicos, diplomáticos, informativos, cibernéticos o flujos migratorios sin alcanzar el umbral de un conflicto armado convencional.
Ceuta es, por tanto, mucho más que una cuestión migratoria. Es una cuestión de seguridad nacional, bienestar de los ceutíes, integridad territorial y soberanía nacional. Y exige inteligencia, anticipación, coordinación diplomática y una respuesta nacional y europea rápida y eficaz. Sin demoras pusilánimes.
INSTITUCIONES Y CONFIANZA
Otro elemento que ha marcado estos años ha sido la sucesión de investigaciones y procedimientos judiciales relacionados con personas del ámbito político, del gobierno e incluso del entorno familiar del presidente.
En otros países con mayor conciencia y valores democráticos, estas situaciones hubiesen bastado para que hubiese habido dimisiones y convocatorias de elecciones generales. Pero existe una cuestión que trasciende cada procedimiento concreto: la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La respuesta debe ser siempre transparencia, controles eficaces, independencia judicial y responsabilidades cuando las determine una resolución firme. La calidad de una democracia depende también de la fortaleza de sus instituciones.
ESPAÑA EN EL MUNDO
Finalmente está la dimensión exterior, los asuntos exteriores.
España es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, tiene una posición geográfica estratégica, presencia en el Mediterráneo, la frontera sur de Europa con África, además de instalaciones militares de enorme importancia como la base naval de Rota y la base aérea de Morón de la Frontera.
Tiene capacidad para ejercer una influencia internacional superior a la que en ocasiones proyecta. Pero durante estos años se han producido importantes discrepancias con Estados Unidos e Israel, así como debates dentro de la OTAN sobre el esfuerzo de defensa.
La cuestión no es que España haya perdido confianza internacional con una torpe diplomacia, sino sería preguntarse: ¿está España utilizando adecuadamente su posición estratégica para aumentar su influencia y defender sus intereses?
La diplomacia exige principios, pero también capacidad de interlocución. Se puede discrepar de Washington sin destruir puentes. Se puede defender la solución de los dos Estados en Oriente Próximo manteniendo canales de comunicación con todas las partes. Se pueden defender nuestros valores sin convertir cada discrepancia en un enfrentamiento que, encima, nos perjudica económica e industrialmente.
La diplomacia no consiste en enfrentarse e insultar a otros países aliados y amigos, sino respetar sus decisiones y buscar un diálogo de acercamiento.
¿TIENE ESPAÑA LA CAPACIDAD DE GOBERNANZA Y LA VISIÓN ESTRATÉGICA DE UN PAÍS LÍDER EUROPEO?
La respuesta exigiría algo más que una legislatura.
España necesita políticas de Estado continuistas, a largo plazo, en emergencias, defensa, energía, vivienda, inmigración, infraestructuras, educación, sanidad y relaciones exteriores.
Necesita menos improvisación y más planificación. Menos enfrentamiento entre administraciones y más coordinación. Menos política de corto plazo y más visión estratégica de futuro.
Porque las crisis volverán. Habrá otra emergencia sanitaria. Otra DANA. Otra crisis energética. Otra violación de nuestras fronteras. Otra crisis económica. Y continuarán las tensiones geopolíticas.
Por eso, más allá de las etiquetas políticas, la pregunta que debería acompañar a las próximas elecciones es sencilla: ¿Qué España queremos para nosotros y nuestros hijos?
Una España con instituciones fuertes, unas cuentas públicas saneadas y sostenibles, servicios públicos eficaces, fronteras seguras, ciudadanos con oportunidades, unas Fuerzas Armadas adecuadamente dotadas y una diplomacia capaz de defender nuestros intereses, sin torpes enfrentamientos con países aliados y amigos.
Porque la democracia no consiste solamente en votar. Consiste también en exigir que quienes gobiernan rindan cuentas, aprendan de los errores cometidos, que no nos mientan y preparen al país para las crisis que todavía no han llegado, pero que deberán afrontar en un futuro.
Quizá esta sea la principal lección de estos ocho años. No caer en los mismos errores cometidos en esta legislatura. Políticos responsables y preparados con altura de miras. Sin caer en la demagogia y en el insulto fácil al rival político. Que la imagen de España no sea, como en la actualidad, las tiendas de campaña tercermundistas que han invadido nuestra Puerta del Sol y las playas de nuestra querida Ceuta.
Los políticos, no dejan de ser representantes del pueblo soberano elegidos democráticamente por él. De ahí que, el espejito mágico de la política nacional sea el fiel reflejo del voto de cada uno de los ciudadanos que, en conciencia, desean lo mejor para España y para sus conciudadanos, con el íntimo orgullo de sentirse españoles. Todo lo demás, vendrá por añadidura.
Julio Serrano Carranza
Coronel de Aviación (Ret.)
Ejército del Aire y del Espacio
