Fueron varios los motivos por los que la República de Weimar acabó como el rosario de la aurora y uno de los más relevantes fue una absurda representación proporcional sin un umbral mínimo de votos que condujo a una fragmentación del Reichstag en múltiples partidos, incluidos los que tenían por objetivo la destrucción del propio orden constitucional.Supongo que al lector le sonará ese despropósito fatídico que la Ley fundamental de Bonn corrigió después de la guerra introduciendo un umbral mínimo de votos para poder obtener escaños en el Bundestag; fue fijado en un 5 % del total del cuerpo electoral. Por otra parte, el artículo 21.2 de la ley fundamental citada establece que «son inconstitucionales los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus militantes pretendan menoscabar o eliminar el orden democrático libre o poner en peligro la existencia de la República Federal alemana».

En España circula la peregrina teoría según la cual «todas las ideas son legítimas», como si la del genocidio o la menos mortífera del machismo pudieran serlo, con una agravante sangrante según la cual muchas de tales ideas «legítimas» no puedan, sin embargo, llevarse a la práctica. La combinación de este despropósito con el de una ley electoral similar a la que condujo al trágico fin de la República de Weimar está resultando fatídica para nuestra siempre jaleada pseudodemocracia.

Hace un par de años publiqué en ABC un artículo titulado «Cómo poner fin al despropósito» en el que me refería al umbral mínimo vigente en Alemania y decía al respecto que «aquí, sin embargo, Convergencia democrática de Cataluña (CDC), con menos de la mitad de ese 5 % y concretamente con un 2,01, obtuvo 8 escaños en las últimas elecciones generales; el PNV, 5, con un 1,20; ERC, 9, con un 2,63 y por último Bildu, 2, con un 0,77 por 100. En total, 24 escaños, de manera que, de un censo de 36.500.000 de electores 700.000 habilitan a CDC, 438.000 al PNV, algo menos de un millón a ERC y 281.000 a Bildu a tener representación parlamentaria. En otras palabras, que poco menos de un 1.400.000 votos condicionan el presente y el futuro vital de más de 46 millones de españoles.

Creo que convendría plantearse la necesidad de poner fin a esta anomalía, sobre todo porque no haría falta un umbral tan elevado, aunque razonable, como el de Alemania: aquí bastaría con un 3 % para poner fin a una de las pesadillas que condujeron a la conversión de una democracia en una dictadura siniestra en Alemania y hoy permiten a políticos desaprensivos formar gobiernos que están a merced de los delirios minoritarios de socios tan minúsculos como decisivos.

GRAF8606. MADRID (ESPAÑA), 27/01/2018.- Imagen de la sede del Tribunal Constitucional (TC), que se encuentra reunido para tratar si este admite a trámite el recurso del Gobierno contra la investidura de Carles Puigdemont, esta tarde en Madrid.EFE/Juanjo Martín

De llevarse a cabo esta reforma de nuestra ley electoral, las mayorías resultantes deberían abordar también, sine ira et studio, la corrección de las disfunciones que ha provocado el diseño de un Estado autonómico que, errónea e imprudentemente, ha concedido capacidad normativa a las Comunidades Autónomas en lugar de limitarla a la de mera gestión, siquiera para preservar ese principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución, según el cual «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», algo que la experiencia cotidiana demuestra no ser cierto.

Escrito lo anterior y por la edad provecta que felizmente he alcanzado y aún espero superar, dudo que llegue a verlo algún día, ya que estamos gobernados por politicastros que ignoran el significado y la grandeza del bien común frente a una oposición dividida y no siempre coherente ni eficaz.

(*) Ministro plenipotenciario jubilado.

Blog: generaldavila.com

7 junio 2020