General Franco y General Dávila

La Ley promulgada en Burgos el 1º de octubre de 1936 (B.O. del día 2) establecía:
«La reestructuración del nuevo Estado español, dentro de los principios nacionalistas, reclama el establecimiento de aquellos órganos administrativos que, prescindiendo de un desarrollo burocrático innecesario, respondan a las características de autoridad, unidad, rapidez y austeridad, tan esenciales para el desenvolvimiento de las diversa actividades del país.
Por ello sin tomar como definitiva la que actualmente se implanta, aunque sea anuncio de la permanente a establecerse, una vez más dominado todo el territorio nacional, dispongo:
Artículo primero. Se crea una Junta Técnica del Estado, que se compondrá de de las siguientes secciones:
Comisión de Hacienda…
Comisión de Justicia…
Comisión de Industria, Comercio y Abastos…
Comisión de Agricultura y Trabajo agrícola…
Comisión de Trabajo…
Comisión de Cultura y Enseñanza…
Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones…
Así mismo se creaba el cargo de Gobernador General, una Secretaría de Relaciones Exteriores, con una Sección de Prensa y Propaganda, y una Secretaría General del Jefe del Estado.
La integraban las siguientes personalidades:
Presidente, don Fidel Dávila Arrondo; gobernador general, don Francisco Fermoso Blanco; secretario de Guerra, don Germán Gil Yuste; Hacienda, don Andrés Amado; Justicia, don José Cortes López; Industria, Comercio y Abastos, don Joaquín Bau; Agricultura y Trabajo Agrícola, don Eufemio Olmedo; Trabajo, don Alejandro Gallo y Artacho; Cultura y Enseñanza, don José María Pemán Pemartín, con don Enrique Súñer como vicepresidente; Obras Públicas y Comunicaciones, don Mauro Serret; secretario general del Jefe del Estado, don Nicolás Franco Bahamonde y secretario general de Relaciones Exteriores, don Francisco Serra y Bonastre.
Don Nicolás Franco Bahamonde, como secretario del Jefe del Estado, designó al personal administrativo y por subsecretarios a don Pedro José Carrión y don Manuel Sace; y el Jefe del Estado adscribió a esta Secretaría General al diplomático don José Antonio Sangroniz, quien más adelante asumiría también la misión de introductor de Embajadores.
El 7 de noviembre de 1936 el cargo de gobernador general pasa del señor Fermoso Blanco al general don Luis Valdés Cavanilles.
La Junta Técnica del Estado constituía el Gobierno Central del territorio sometido a la jurisdicción efectiva del Jefe del Estado, pero con exclusión de las facultades atribuidas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependiente directamente del Jefe del Estado, en la que quedaba integrada la Sección de Prensa y Propaganda, que pasó por orden de 14 de enero de 1937 a ser Delegación para Prensa y Propaganda y quedó adscrita a la Secretaría General del Jefe del Estado, al efecto de dar a conocer el carácter del Movimiento Nacional. También era independiente de la Junta Técnica el Gobernador General, pero en la práctica, con permanente relación con el presidente de la Junta.
En Bruselas funcionó una oficina de propaganda. La organizó don Juan Ventosa y funcionaba desde el 18 de octubre utilizando los servicios de algunos periodistas españoles refugiados en el extranjero con la intención de poner de relieve el verdadero carácter de la lucha y sus consecuencias en orden a la civilización universal.
Ventosa se puso de acuerdo con los señores Quiñones de León, Olano, Zulueta, García Conde y otros, para la mayor difusión de la propaganda en Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Italia y Estados Unidos.
Con periodicidad dependiente del interés informativo remitían a la JTE recortes de los artículos y notas que se publicaban. En enlace con la Junta lo establecía el Conde de los Andes. Este servicio no supuso coste alguno al Gobierno, sufragándose los gastos con donativos voluntarios.
Ya en septiembre el embajador de España en Berlín, don Francisco Agramonte había remitido carta al presidente de la Junta de Defensa para que esta recibiese al señor Alfred-Ingemar Berndt, Subjefe de Prensa del Ministerio de Propaganda del Reich en la que se pide que sea atendido con especial consideración. El señor Berndt se puso a las órdenes de la Junta para llevar a cabo cuanto fuese necesario de propaganda, disponiendo de radio de gran potencia en San Sebastián, posibilidad de filmar películas de propaganda, estableciéndose en España en cuanto se abra la embajada en Madrid.
Los Servicios Informativos de la Frontera Noreste, centralizados en Biarritz por el conde de los Andes y la colaboración de los señores Quiñones de León y José Bertrán Musitu, continuaron con su eficaz rendimiento junto al Servicio de Información Militar (SIM) dirigido por el general D. Salvador Múgica Buhigas.
El funcionamiento de la Junta Técnica presidida por el general Dávila se estructuró como hemos dicho en Comisiones que actuaban como exiguos ministerios; el general Dávila despachaba a diario con cada unos de los presidentes de las Comisiones y los martes tenía señaladas dos horas para recibir al público, con asistencia de un funcionario de su Secretaría para que recogiese el desarrollo de cada entrevista.
Los escasos recursos económicos obligaron a restringir los gastos de la presidencia y Comisiones de manera que nadie recibía más retribución que la que le correspondía por su escalafón en su respectiva profesión en la quedaron en excedencia provisional. Incluso los elementos de locomoción eran exclusivamente de un coche para la Presidencia y el particular del Ayudante-Secretario D. César Sanz-Pastor, para la escolta; en la Secretaría el de matrícula BU 2138, propiedad del Tte. coronel Carroquino; en la Comisión de Industria, Comercio y Abastos, el matrícula B 66064, y el particular del vocal Sr. Betanzos, en la de Agricultura y Trabajo Agrícola, el particular del presidente, BU 2297; en la de Hacienda, el particular del vocal Sr, Huete; en la de Obras Públicas el M 56339. Ese era el total de los disponibles en la Junta hasta bien entrado el año 1937 en el que se incorporaron cinco coches y los particulares de los señores Bau, Sicilia y Remacha.
Exceptuando al Presidente, general Dávila, y el secretario, coronel Federico Montaner, todos los Presidentes de Comisiones, vocales y administrativos eran civiles, entre ingenieros, abogados, profesores, empresarios, funcionarios o similares en sus siete Comisiones que se repartían de la siguiente manera: Ocho vocales en Hacienda; seis en Justicia, nueve en Industria, Comercio y Abastos; diez en Agricultura y Trabajo Agrícola; cuatro en Trabajo; ocho en Cultura y Enseñanza, Ocho en Obras Públicas y Comunicaciones. A ello hay que sumarle la Oficialía mayor, Asesoría Jurídica con tres Abogados del Estado; Archivo, Registro General y Secretaría de la Presidencia de dos personas y cuatro mecanógrafas: Un reducido número de administrativos que era de treinta y cinco. Esa era la composición en número de todo lo que podría denominarse Gobierno del Estado.
El 31 de diciembre de 1936, en menos de tres meses de actuación, la estadística de Decretos-leyes, decretos, eran 32 derivados de la Presidencia de la JTE; 18 estudiados por la Comisión de Hacienda: 11 por la de Justicia; 4 por la de Agricultura; 3 de la de industria y 1 de la de Cultura, más las órdenes de aplicación. También procedentes en su mayoría de esta junta los 91 de la Secretaría General del Jefe del Estado, y, entre ellos, comprendidos a inherentes de las Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Guerra. Resultados estadísticos acrecentados en el correr del año 1937 y enero de 1938.
La tramitación de disposiciones legales a aprobar por el Jefe del Estado era la siguiente: Una vez estudiadas en la correspondiente Comisión y dado su Vº Bº por el Presidente de la JTE, la Secretaría de la presidencia cursaba a la Secretaría General del Jefe del Estado el asunto acompañando carta del Presidente al Secretario General don Nicolás Franco al efecto de que recogiese la firma de S.E. y en la misma se enumeraban las aclaraciones que se creían oportunas. El traslado se verificaba por valija oficial, día a día, desde Burgos a Salamanca.
Los trámites de la JTE eran constantes y los temas a tratar ingentes y variados. A eso hay que añadirle la inmensa labor que suponían las entrevistas y atender a la correspondencia, toda interesante, pero se hacía necesario saber extraer el trigo de la paja.
Muchos y variados temas los que se tramitaban a diario en la JTE.
Como ejemplos de diversas y variados temas, y por no alargar el relato, que se trataban exponemos dos por anecdótico uno y de interés general el otro.
—Visita de la Sociedad de matadores de toros y novillos de España que hizo público un comunicado a favor de Franco.
«Reunidos en el Círculo de la Unión, Marcial Lalanda, Manuel Mejías Bienvenida, José Amorós, José Mejías Bienvenida, Francisco Jaime Sánchez el Coquilla, y Antonio Mejías Bienvenida, los cuatro primeros, matadores de toros y los dos últimos de novillos, bajo la presidencia del presidente en propiedad de la Sociedad de matadores de toros y novillos de España, han hecho público un comunicado reconociendo y acatando como Gobierno legítimo a la Junta de Defensa Nacional de Burgos y felicitar y ofrecer la adhesión al Excmo. Sr. D. Francisco Franco por su exaltación a la Jefatura del Estado; y que establecía su domicilio social en Burgos mientras duren las actuales circunstancias».
—D. José Ventosa Calvell, hombre de la Liga Catalana, prestó grandes servicios a la Junta Técnica y estuvo en contacto con el general Dávila para todas las cuestiones administrativas, adquisiciones, relaciones internacionales y contactos de alto nivel (Para información ver Borja de Riquer. JOAN VENTOSA I CALVELL, L’HOME DE LA LLIGA. Universidad Autónoma de Barcelona)
En octubre de 1936 presentó por escrito al general Dávila un informe detallado de enorme interés sobre cómo conducir la Administración general del Estado en esos momentos de guerra. Conocedor al detalle de las circunstancias por las que pasaba el bando nacional, expone con brevedad, pero contundencia su parecer sobre asuntos de tanto calado como la Organización General del Estado (sin escapársele la situación un tanto peculiar desde el mando de Sevilla), la gestión de las importaciones y exportaciones con clara alusión a la importancia de las divisas, la regulación del cambio, el oro robado y depositado en Francia:
«En el momento actual, todas las actividades del Estado han de tener por objeto contribuir, con la mayor eficacia posible, al éxito de la guerra. La organización que se establezca, la orientación que se imprima y las medidas que se adopten han de tener forzosamente un carácter circunstancial y transitorio. Sobre esta base me permito formular las siguientes indicaciones.
Organización general. Creo convendría dar la mayor expedición efectividad a los organismos que ejercen funciones de gobierno, dotándoles de aquel mínimo de medios de actuación que es indispensable. Urge asegurar la unidad de orientación y de acción entre Burgos y Sevilla, que dictan con frecuencia disposiciones contradictorias.
En el orden económico. Creo deben reducirse al mínimo las importaciones que no estén destinadas a las operaciones militares. 1º porque es esencial reservar para las atenciones de la guerra todas las divisas que puedan obtenerse; 2º, porque toda modificación en el régimen de comercio exterior debe ser objeto de trato con otros países para conseguir compensaciones adecuadas. La restricción en las importaciones exige que se vigilen los precios interiores para evitar alzas excesivas. Con objeto de aumentar la cantidad de divisas a disposición del gobierno, debe estimularse la exportación… en primer término los minerales hierro, cobre, plomo, piritas, etc., luego lanas, corcho, etc. En todos los casos los exportadores deben ceder al Estado las divisas contra pesetas al tipo que se fije. Convendría que cuando se establezcan compensaciones con otros países, estos acepten que la compensación por parte de España no consista al menos en gran parte, en minerales u otros artículos de más fácil exportación sino en plátanos de Canarias, aceite, conservas de Galicia, etc.
Creo debe llegarse incluso al dumping para facilitar la exportación de algunos productos industriales o agrícolas; es indispensable organizar inmediatamente una oficina de control de cambios, dictando las disposiciones necesarias para que la aportación de divisas sea efectiva. Es así mismo indispensable fijar un tipo uniforme de cambio en toda España a razón de 50 a 55 pesetas por libra esterlina. Este tipo habría de tener hoy un carácter provisional y una cierta movilidad.
En el orden financiero. 1º deberían reducirse todo lo posible las medidas de restricción impuestas a la libre disposición de capitales. 2º hay que mantener la unidad de los billetes de banco. Una orden de estampillado podría destruir el crédito de los billetes que circulan en territorio liberado. Hay que preparar una emisión de billetes por si es indispensable efectuarla al ocupar Madrid; entonces sería el momento de ordenar el estampillado.
3º Es muy difícil evitar que el oro del banco de España pueda ser robado y exportado. Como medida a adoptar creo que un representante autorizado del banco de España debe practicar una gestión cerca de los bancos de emisión de los países que puedan adquirir el oro, en primer término el de Francia, haciendo ver que la sustracción del oro es contraria a los más elementales principios de derecho público y de moral internacional. Esta gestión debería ser apoyada oficiosamente por el Gobierno y creo teniendo en cuenta la perspectiva de las operaciones militares podría tener alguna eficacia. 4º. Ante la perspectiva de la desaparición del oro convendría que los gobiernos de los países cuyo nacionales acrediten de España divisas que no han podido hacer efectivas por el atraso del Centro de Contratación, exigieran del Gobierno de Madrid como condición para seguir efectuando suministros que se aplicara oro en la cantidad necesaria para saldar aquellos créditos. De este modo, sino se consigue salvar el oro se habrán liquidado atrasos y España estará después en condiciones más favorables para obtener los créditos que necesite nuestra economía. 5º. La gasolina se vende, a mi juicio, a un precio excesivamente bajo, inferior al de todos los países de Europa. Un aumento aun teniendo en cuenta los servicios del Estado, proporcionaría un ingreso apreciable. Puede informar sobre este punto el Sr. Carceller. 6º. No es el momento de modificar impuestos ni es posible efectuar un empréstito exterior; creo convendría decir que las aportaciones que se efectúen ahora se consideran como suscripciones con derecho a intereses desde el momento en que se hagan, al primer empréstito, en las mismas divisas en que se hubiere hecho la aportación. 7º. Conviene evitar medidas arbitrarias de autoridades locales.
En el orden social y de trabajo. Creo conveniente ir preparando la labor futura…
Medidas encaminadas a evitar que los rojos puedan aprovecharse de los productos que han robado. Podría hacerse: propaganda exterior; acción política en el interior. Puede ser eficaz sobre todo en Cataluña. La situación actual en Cataluña es exactamente igual a la de Madrid, es decir una población víctima de los extremismos de los rojos; es necesario que en la radio, en la prensa, no se injurie o ataque colectivamente a Cataluña. Convendría evitar el éxodo de la población en algunas comarcas liberadas (evitar antagonismos entre vascos y navarros).
Hacía alusión el informe de Ventosa la urgente necesidad de asegurar la unidad de orientación y de acción entre Burgos y Sevilla, que dictan con frecuencia disposiciones contradictorias. Así era.
En Andalucía el carácter del general Queipo de Llano intentó imponerse sobre cualquier otra autoridad que no fuese la suya. El Gobernador General del Estado, don Luis Valdés, tuvo que presentar queja ante el Presidente de la Junta Técnica del Estado ya que el General Queipo de Llano daba por sentado que solo a él correspondía totalmente las atribuciones dentro de la zona de su mando, sin que ni la JTE, ni el Gobernador General, pudiesen actuar más que por delegación suya. Su intención era asumir de manera total el mando civil y militar de su zona.
De manera dura y contundente se dirigió el general Queipo de Llano alegando el Estado de Guerra: «Lo mismo la JTE que esa Gobernación general o empeñáis en creer que estamos en periodo de paz y no en estado de guerra, en el que tengo todas las atribuciones del mando y las Autoridades civiles actúan solo por delegación mía…». La intervención del general Dávila como Presidente de la JTE en conversación con Queipo de Llano solucionó la situación teniendo que aceptar la autoridad y resoluciones de la Junta Técnica. Fue necesario acabar de manera tajante con la actitud del general Queipo de Llano. Ya anteriormente había remitido un telegrama en muy duros términos a la Secretaría de Guerra de la JTE prohibiendo la actuación en su Zona de mando de la Comisión de Industria, Comercio y Abastos relativo al aceite acusando al Gobierno de la JTE de desconocimiento y falta de preocupación. La llamada de atención del presidente de la JTE fue seria y de gran dureza y no se volvieron a presentar dificultades en cuanto al cumplimiento de las normas emitidas desde Burgos.
No se dio tregua la Junta Técnica y su trabajo fue continuación del llevado a cabo por la Junta de Defensa. El hecho de ser el general Dávila su presidente, el mismo que había llevado prácticamente toda la labor de la Junta de Defensa, permitió la continuidad administrativa y de Gobierno sin paréntesis alguno.

Del libro «La guerra civil en el norte» por General Dávila

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