Vademécum del paleto catalanista (Melitón Cardona)

La Unión Europea está compuesta por un número determinado de estados, de manera que es fácil comprender que si surgiera uno nuevo no pasaría a formar parte de la Unión automáticamente, aunque sí podría solicitar su ingreso, en base al artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Hasta aquí, todo bien. El problema es que los actuales miembros de la Unión europea únicamente podrían admitir tal candidatura si el aspirante cumpliese las tres condiciones que enumera el citado artículo, a saber: ser un “Estado europeo”, “respetar los valores mencionados en el artículo 2” y “tener en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo” de 1993 en Copenhague.

Pues bien, cualquier estudiante de Derecho internacional sabe que no basta con declararse Estado para serlo, porque para ello es indispensable el reconocimiento de otros estados y para cumplir la condición de ser uno europeo, primero habría que ser un Estado reconocido y el hipotético catalán necesitaría, como mínimo, el reconocimiento de la totalidad de los Estados miembros de la UE, de la de nueve miembros del Consejo de Seguridad y la de otros ciento veintiocho miembros de las Naciones Unidas, lo que debería mover a la reflexión al aprieto catalanista; además, los representantes en el Consejo europeo tendrían que pronunciarse en la fase inicial de la candidatura “por unanimidad” (artículo 49 citado) pero se verían obligados a considerarla inadmisible ya que, según el apartado 2 del artículo 4 del mismo Tratado, cada Estado miembro “es el único con competencia para decidir sobre sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales, también en lo referente a la autonomía local y regional”. La misma disposición añade que, en caso necesario, la Unión “respetará las funciones esenciales del Estado, en particular las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial”. Por último, tampoco se cumpliría otra de las condiciones que exige el artículo 49: el respeto por el Estado candidato de los “valores mencionados en el artículo 2”, entre los que figura “el Estado de derecho” y una entidad que se declarase unilateralmente independiente violaría dicha condición.

Sentado lo anterior, conviene señalar que hay dos factores que han permitido el embravecimiento impune del separatismo catalán y, en primer lugar, nuestra legislación penal; uno de los regalos que el partido socialista infligió al pueblo español fue la promulgación del pomposamente denominado “Código penal de la democracia”. En el anterior, la declaración de independencia de parte del territorio nacional se incluía entre los fines del alzamiento rebelde (artículo 214) sin exigir los requisitos que hoy exige el 472 (“violenta y públicamente”) porque la esencia del delito consistía en la finalidad de la acción y no en su modalidad. Además, el artículo 217 castigaba también como rebeldes a quienes cometieran “por astucia o por cualquier medio contrario a las leyes” algunos de los delitos contemplados en el mencionado artículo 214, por ejemplo la declaración de independencia de parte del territorio nacional. Tan claro era el propósito del legislador de defender el orden constitucional que castigaba con 6 a 12 años de prisión a quienes “atentaren contra la integridad de la nación española o promoviesen la independencia de todo o parte del territorio”. Este tipo penal, hoy lamentablemente suprimido, procede de una Ley de 1900 que pasó al Código Penal de 1928 como traición, se mantuvo como rebelión en el de la República y continuó en el de 1944 y los posteriores. Fue suprimido en el de 1995 por obra y gracia del PSOE y, desde entonces, ningún gobierno ha reintroducido esa figura penal, dejando así a la intemperie nuestro orden constitucional frente a los movimientos secesionistas.

En segundo lugar, la inaplicación de previsiones legislativas en vigor que hubieran desactivado todo el proceso al privarle de los medios económicos indispensables para tratar de llevarlo a cabo. Me refiero a los contemplados en la sección tercera del capítulo IV de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuyo artículo 26 incluso prevé la aplicación del artículo 155 de la Constitución en caso de violación de las obligaciones que impone. Lo grave es que esta inaplicación es responsabilidad directa del Gobierno actual y no resulta fácil comprender qué motivos pueden haberle llevado a una tan grave, cuando no delictiva, dejación de funciones.

Tarde, mal y nunca ayer. día 22 de septiembre, el gobierno ha decidido aplicar el artículo 38.2 de la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, promulgada por un gobierno socialista en 1986, que prevé que las Comunidades Autónomas, …, podrán ejercer, a través de sus Cuerpos de Policía, las siguientes funciones:

“2. En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

1.-a) Velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

1.-b) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.

1.-c) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas.

El ejercicio de esta función corresponderá, con carácter prioritario, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes

La respuesta inicial de la Generalidad ha sido la de rechazar dicha aplicación, un supuesto de hecho que abre sin duda la puerta a la del artículo 155 de la Constitución española.

La voluntad de parte de la clase política catalana de ruptura de la legalidad constitucional puede resultar comprensible, pero menos lo es la de la clase política española ante un desafío de tal envergadura: si no es capaz de defender al Estado, va a resultar cierto el aserto de que nuestro país es siempre trágico, pero nunca serio.

Melitón Cardona. Embajador del Reino de España

Blog: generaldavila.com

 

9 pensamientos en “Vademécum del paleto catalanista (Melitón Cardona)

  1. Buenos dias, mi General, y D. Melitón Cardona:

    Gracias por su nuevo y magnifico escrito, siempre con nuevas aclaraciones, para los que no dominamos esos temas.
    Sigo preocupada por la situación, grave que atraviesa España, y en la que no se ve nada claro su final.

    Gracias de nuevo y un afectuoso saludo.

    Igualmente, mi general un afectuoso saludo.

    Josefa Lopez del Moral Beltran.

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  2. Absolutamente claro y transparente. Muchas gracias por continuar afirmándonos en que los equivocados y locos no somos nosotros sino ellos. Insisto, muchas gracias a V.E., mi General, y al autor, el Señor Emabajador.

    Yo me pregunto, si esta locura continúa y en este estado de indefensión legal en que nos encontramos, qué habría que hacer en conciencia para no convertirnos también en traidores a la Patria, y qué podría ocurrir, si los secesionistas catalanes declarasen unilateralmente la independencia (si no el mismo día, al siguiente lo harían los vascos). Y me pregunto si la Unión Europea tomaría cartas en el asunto e impondría su autoridad y su legislación a los rebeldes, con todos los medios necesarios sin descartar ninguno. Porque hasta este momento lo único que ha hecho es decir “que respetará la Constitución española y las decisiones del Parlamento español” (¿…?, estas interrogaciones son por lo segundo, pues a saber cuál sería el “consenso”)..

    Todo eso me parece muy poético, pero no quiere decir “que piensen mojarse”. Sudores me entran de pensar en que a la hora de verdad, salgan diciendo, ellos y Naciones Unidas, “que se trata de un asunto interno español”, y que no pueden intervenir. Yo no entiendo el lenguaje diplomático, sólo el román paladino, y francamente, no las tengo todas conmigo en este asunto.

    Muchas gracias.

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  3. Aceptando que el ámbito desde el que opinamos tiene una limitada información de conjunto, cosa que el Gobierno posee en plenitud, algunas de las decisiones o ausencia de ellas que observamos, tienen una difícil explicación desde la lógica.
    El razonamiento jurídico técnico que usted nos hace es impecable y es de suponer que quienes asesoran al gobierno no son ajenos a ello. Es difícil aceptar que si es así, el gobierno se sitúe tan en el filo de la navaja de lo que podría calificarse como ilegalidad de ejercicio. Asunto peligrosísimo y de consecuencias imprevisibles.
    De su escrito también se deduce que los verdaderamente interesados en que no se produzcan actos de violencia, son precisamente los golpistas. De hecho si se produjeran estos podrían incurrir en la tipificación del artículo 472. Pues bien, el que parece verdaderamente interesado en evitar cualquier violencia es el gobierno. Y lo ha hecho hasta el punto de que tolerara el enclaustramiento forzado a la GC, les tunearan los coches con papelinas publicitarias, les rompieran los cristales, les pincharan las ruedas, les robaran el armamento y material y los usaran como tablao o escenario para sus proclamas, incluida una Tv publica de la Comunidad catalana… y no pasa nada. No hay violencia.
    De publicidad para que hablar, el quebrantamiento de la ley lo han publicitado al mundo mundial.
    Y el Sr. Trapero Mayor de los Mossos, del que personalmente no puedo opinar, está viviendo una situación tremenda. Subordinado simultáneamente a la ley y a la antiley. Por un lado subordinado como policía judicial al gobierno y por otro orgánicamente a quien quiebra la ley y se declara fuera de ella.
    ¿Cómo explicarlo?
    Un afectuoso saludo

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  4. D. Melitón, mi General aclaración estimable sobre la legalidad internacional, sin embargo una duda se me plantea que si lo cree oportuno podría aclararlo y está es sobre la legalidad o no del referéndum.

    En el código penal y el ordenamiento jurídico español hacer un referéndum NO puede ser considerado delito. El artículo primero del título preliminar del código penal español. Dice: “No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración”.

    Y la convocatoria de un referéndum no sólo no ha sido definida como delito en el código penal, sino que se ha puesto de manifiesto tanto en el congreso como en el Tribunal Constitucional españoles, que no lo es. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

    El PP cambió el código penal por medio de la ley de arbitraje, en 2003, para tratar de encausar el presidente vasco Ibarretxe por impulsar una consulta ciudadana. Según ese cambio en el código penal, se podría condenar hasta a 5 años de cárcel a quien convocara consultas populares por vía de referéndum careciendo de competencia para ello.

    A la vista de lo anterior “interpreto” que esa reforma del código penal fue anulada por el Tribunal Constitucional y también por el congreso. Desde entonces, convocar un Referéndum, NO ES NI DELITO, NI ILEGAL, porque lo dicen las ley española..

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  5. Buenos días mi General y a sus ordenes. También buenos días a todos/as los lectores de este blog. Estoy con Josefa a los de a pie nos enseña con cada escrito a tener mas conocimientos sobre leyes, cultura e historia, un conocimiento que a veces por una causa u otra la tenemos un poco abandonada, pero gracias a V.E.cada vez que hace un escrito nos ilustra en todas las que desconocemos. Siempre agradecido .¡VIVA ESPAÑA! “VIVA EL REY” Y “VIVA LA LEGION”

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  6. Que no tenga tipificación penal no significa que sea lícito convocar un referéndum.

    El art.92. de la Constitución establece que “1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
    2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
    3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.”

    Por su parte el Art. 149 establece que “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

    32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.”

    La reforma fue tumbada por el TC en base a un formalismo en su tramitación en el Senado.

    Espero haberlo aclarado.

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