La tragedia vuelve a golpear a la Guardia Civil. La muerte en acto de servicio del capitán Jerónimo y del agente Germán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil destinados en la Comandancia de Huelva ha reabierto una herida que España jamás cerró tras el brutal asesinato de dos guardias civiles en Barbate el pasado 9 de febrero de 2024. Aquella noche, una narcolancha embistió deliberadamente a los agentes que trataban de hacer cumplir la ley. España entera contempló con estupor unas imágenes impropias de una nación europea del siglo XXI. Sin embargo, pasado el impacto mediático, la sensación generalizada entre muchos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue amarga: los homenajes fueron numerosos, pero las soluciones reales siguieron siendo insuficientes.

Hoy, nuevamente, la sangre derramada de servidores públicos nos obliga moralmente a hablar con claridad. No estamos ante hechos aislados. No estamos ante simples delincuentes comunes. Lo que está ocurriendo en el Campo de Gibraltar, en la costa de Huelva y en otras zonas del litoral andaluz constituye una amenaza directa al Estado, a la seguridad nacional y a la convivencia democrática. Nos encontramos frente a organizaciones criminales extraordinariamente poderosas, con recursos económicos ilimitados, con capacidad de corrupción, con armamento de guerra cada vez más sofisticado y con una creciente sensación de impunidad.

España debe decidir si quiere afrontar esta realidad con firmeza o resignarse a perder territorios sociales y morales frente al narcotráfico.

El Estrecho de Gibraltar: la gran autopista del narcotráfico

El Estrecho de Gibraltar siempre ha sido un enclave estratégico. Por él transita buena parte del comercio mundial. Une dos continentes y conecta el Atlántico con el Mediterráneo. Pero esa posición geográfica privilegiada también ha convertido a esta zona en una de las principales puertas de entrada de droga hacia Europa.

Durante décadas, las mafias han perfeccionado sus métodos. Lo que comenzó como contrabando tradicional evolucionó hacia estructuras criminales de enorme complejidad. Primero fue el hachís procedente del norte de África; posteriormente llegaron la cocaína, las redes internacionales de blanqueo de capitales, las conexiones con organizaciones balcánicas e hispanoamericanas y, finalmente, la profesionalización total de las bandas criminales.

Hoy los narcos operan con auténtica logística militar. Emplean embarcaciones de gran potencia, vehículos de alta gama, sistemas avanzados de comunicación, drones, visión nocturna y sofisticados mecanismos de vigilancia y contrainteligencia. Conocen perfectamente los movimientos policiales, disponen de colaboradores infiltrados en numerosos ámbitos y manejan cantidades ingentes de dinero capaces de corromper voluntades y comprar silencios.

No exageramos si afirmamos que ciertas organizaciones criminales del narcotráfico presentan características propias de grupos narcoterroristas. Imponen el miedo en determinadas localidades, desafían abiertamente a las autoridades y utilizan la violencia extrema como mecanismo de intimidación.

Las imágenes de Barbate, donde una narcolancha arrolló a unos guardias civiles indefensos, simbolizan la degradación de una situación que muchos llevan años denunciando.

Nuestros agentes: héroes con medios insuficientes

Resulta imposible no formular una pregunta incómoda: ¿tienen nuestros agentes los medios suficientes para combatir esta grave amenaza nacional?

La respuesta, aunque duela, es evidente: no.

La Guardia Civil y la Policía Nacional realizan una labor heroica en condiciones muchas veces precarias. Sus integrantes trabajan con una enorme profesionalidad, pero frecuentemente carecen de recursos adecuados para enfrentarse a delincuentes que disponen de mejores medios técnicos y económicos.

Las asociaciones profesionales llevan años alertando sobre embarcaciones obsoletas, falta de personal, escasez de combustible para patrullas, sistemas de vigilancia insuficientes y ausencia de apoyo estructural estable. Mientras tanto, las mafias aumentan exponencialmente su capacidad operativa.

Es difícil explicar a la ciudadanía cómo puede suceder que organizaciones criminales dispongan de lanchas más rápidas y potentes que las utilizadas por quienes deben perseguirlas. Es difícil comprender cómo agentes que se juegan la vida diariamente continúan reclamando equipamientos básicos, chalecos adecuados o refuerzos suficientes.

Aún más grave resulta comprobar cómo determinadas decisiones políticas parecen ignorar la dimensión real del problema. Durante años se trasladó la idea de que el narcotráfico era un fenómeno policial controlable mediante actuaciones ordinarias. La realidad ha demostrado exactamente lo contrario.

En algunas zonas del Campo de Gibraltar se ha generado un ecosistema criminal profundamente arraigado, donde ciertas redes delictivas ejercen una peligrosa influencia social y económica. La normalización del dinero fácil, la intimidación constante y el miedo de muchos vecinos configuran un escenario extremadamente delicado.

Los agentes destinados allí no solo combaten delincuentes. También sufren presión psicológica permanente, amenazas directas y riesgos constantes para ellos y sus familias.

Familias bajo amenaza

Pocas veces se habla suficientemente de las familias de los guardias civiles y policías destinados en zonas especialmente conflictivas. Sin embargo, constituyen una de las dimensiones más dolorosas de esta realidad.

Muchos agentes viven con preocupación permanente. Sus hijos acuden a colegios donde determinados entornos simpatizan con el narcotráfico. Sus parejas soportan amenazas veladas, seguimientos o intimidaciones indirectas. En pequeñas localidades todos conocen quién es quién, y eso incrementa enormemente la presión.

No se puede exigir heroísmo continuo sin proporcionar protección integral.

El Estado debe garantizar no solo medios materiales y respaldo jurídico, sino también apoyo psicológico, protección social y condiciones de seguridad dignas para quienes sirven en primera línea. La lucha contra el narcotráfico no puede recaer exclusivamente sobre el sacrificio individual de unos pocos hombres y mujeres extraordinarios.

Cuando un guardia civil o policía nacional sale de servicio, sigue siendo objetivo potencial de las mafias. Esa realidad no puede minimizarse.

¿Están suficientemente respaldados legalmente?

Otra cuestión fundamental merece un análisis profundo: ¿cuenta la Guardia Civil y la Policía Nacional con un respaldo jurídico adecuado frente a esta amenaza?

Existe entre numerosos agentes una sensación creciente de inseguridad legal. Muchos consideran que el marco normativo actual no siempre protege suficientemente a quienes deben actuar con rapidez y contundencia en situaciones extremadamente peligrosas.

España es un Estado de Derecho y debe seguir siéndolo. Nadie cuestiona que toda actuación policial deba ajustarse estrictamente a la legalidad. Pero también es cierto que las leyes deben adaptarse a amenazas cada vez más violentas y sofisticadas.

No puede producirse la paradoja de que el agente dude más de las consecuencias jurídicas de su intervención que el delincuente de cometer sus crímenes.

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana constituye un instrumento importante para preservar el orden público, pero el fenómeno actual del narcotráfico exige probablemente una actualización más ambiciosa del marco legal y operativo. Del mismo modo, la legislación penal debería endurecer determinadas conductas vinculadas a agresiones contra agentes de la autoridad, uso de embarcaciones para atentados y pertenencia a organizaciones criminales de especial peligrosidad.

Quien embiste deliberadamente una patrullera o una embarcación de la Guardia Civil no actúa como un simple delincuente. Está ejecutando un ataque frontal contra el Estado. Y el Estado debe responder con toda la contundencia legítima que nos permite nuestro estado democrático.

Narcotráfico y seguridad nacional

Durante demasiado tiempo se ha considerado el narcotráfico exclusivamente como un problema policial. Ese enfoque resulta hoy claramente insuficiente, marcadamente obsoleto, lejos de la realidad.

El narcotráfico constituye una amenaza estratégica para la seguridad nacional.

La Ley de Seguridad Nacional establece que corresponde al Estado proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, garantizando la defensa de España y sus principios constitucionales. Así mismo, la Estrategia de Seguridad Nacional identifica expresamente el crimen organizado como uno de los principales riesgos contemporáneos.

No hablamos únicamente de droga. Hablamos de corrupción institucional, blanqueo de capitales, violencia estructural, trata de personas vulnerables, penetración económica, degradación social y debilitamiento de las instituciones democráticas.

Las mafias no solo trafican con sustancias ilegales. Compran voluntades, infiltran sectores económicos y erosionan la confianza ciudadana en el Estado. Pudren todo aquello que tocan, minando los cimientos de un Estado de Derecho como es el Reino de España.

Por ello, la lucha contra el narcotráfico debe abordarse desde una perspectiva integral de seguridad nacional, con todo el personal y medios disponible del Estado.

El papel de las Fuerzas Armadas

Aquí surge un debate inevitable: ¿deben participar las Fuerzas Armadas en esta lucha?

La respuesta exige serenidad, rigor jurídico y sentido estratégico. Evidentemente, la seguridad ciudadana corresponde principalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, determinadas amenazas híbridas y de gran dimensión requieren mecanismos de apoyo interinstitucional más amplios.

Las Fuerzas Armadas españolas poseen capacidades logísticas, tecnológicas y de vigilancia que podrían resultar extraordinariamente útiles en determinados escenarios relacionados con el control marítimo, la detección temprana, el apoyo de inteligencia y la protección de infraestructuras estratégicas.

No se trata de militarizar la seguridad ciudadana ni de sustituir a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Se trata de entender que las amenazas modernas requieren cooperación entre todas las estructuras del Estado.

Cuando organizaciones criminales desafían abiertamente al poder público, emplean medios y tácticas semimilitares y generan impactos directos sobre la seguridad nacional, la respuesta debe ser proporcional a la gravedad del desafío.

España ya utiliza a las Fuerzas Armadas en numerosas misiones de seguridad cooperativa, vigilancia marítima, control del espacio aéreo y apoyo ante amenazas complejas. Misiones internacionales contra la piratería en internacional como la Operación Atalanta de la UE frente a las costas de Somalia y el Golfo de Guinea, son buena prueba de ello. Nadie debería escandalizarse por explorar fórmulas legales y operativas que permitan reforzar la lucha contra el narcotráfico desde una visión nacional coordinada y de cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

Porque el narcotráfico mata. Además de a nuestros servidores públicos en acto de servicio, lo hace de forma callada a nuestros jóvenes mediante la droga. Mata barrios enteros destruyendo oportunidades, el futuro de nuevas generaciones y corrompiendo las estructuras que sustentan nuestra democracia, la libertad y bienestar de nuestros ciudadanos.

La profesión de riesgo: una deuda vergonzosa

Resulta profundamente indignante que todavía no se haya reconocido plenamente a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo.

Pocas actividades profesionales en España implican un nivel de exposición semejante. Pocos trabajadores afrontan diariamente amenazas armadas, persecuciones, violencia extrema y riesgo real de muerte.

Cada intervención puede convertirse en una tragedia. Cada patrulla puede terminar en una emboscada. Cada operativo puede acabar en un asesinato. Y, sin embargo, el reconocimiento institucional sigue siendo insuficiente.

No hablamos únicamente de una cuestión económica o administrativa, aunque también lo sea. Hablamos sobre todo de dignidad, justicia y respeto moral.

Reconocer la profesión de riesgo significa admitir públicamente que estos hombres y mujeres asumen peligros excepcionales al servicio de todos los españoles. Significa proteger mejor sus derechos laborales, sus jubilaciones y sus condiciones de vida. Significa enviar un mensaje claro: España no abandona a quienes la defienden. A quienes le sirven con dignidad y honor.

La demora en adoptar este reconocimiento resulta incomprensible y ofensiva.

El fracaso del buenismo frente a las mafias

Conviene hablar sin complejos. El narcotráfico no se combate con ingenuidad. Las organizaciones criminales no interpretan la debilidad como tolerancia democrática; la interpretan como oportunidad.

Cuando el Estado transmite vacilación, las mafias avanzan. Cuando las penas resultan insuficientes, reinciden. Cuando las fuerzas de seguridad carecen de respaldo político claro, los delincuentes se sienten fortalecidos.

La defensa de la legalidad democrática exige firmeza. Y la firmeza no es incompatible con el respeto absoluto a los derechos fundamentales. Precisamente porque somos un Estado democrático debemos proteger a los ciudadanos frente a quienes pretenden imponer el miedo y la corrupción.

No cabe el buenismo frente a estructuras criminales que destruyen vidas, amenazan y acaban con la vida de agentes y desafían abiertamente al Estado.

Europa ha aprendido dolorosamente que determinadas amenazas requieren respuestas contundentes y sostenidas en el tiempo. El crimen organizado no desaparece solo. Se combate mediante inteligencia, medios, coordinación internacional, reformas legales, presión económica y voluntad política firme.

O el Estado impone su ley, o serán las mafias las que impongan sus ataduras a toda la sociedad española a través de la violencia, el miedo y la corrupción.

Una batalla cultural y social

La lucha contra el narcotráfico no puede limitarse únicamente al ámbito policial. Existe también una dimensión educativa, cultural y social imprescindible.

En algunas localidades especialmente castigadas, el dinero del narcotráfico ha generado una peligrosa admiración hacia determinados delincuentes convertidos en falsos referentes de éxito. Coches de lujo, ostentación económica y sensación de impunidad crean modelos profundamente destructivos para muchos jóvenes.

El Estado debe combatir también esa narrativa.

Es necesario reforzar la educación, las oportunidades laborales, la presencia institucional y los programas sociales que impidan que generaciones enteras caigan bajo la influencia del crimen organizado.

Porque cuando un joven admira más a un narcotraficante que a un guardia civil, la sociedad empieza a perder una batalla moral decisiva.

La importancia de la cooperación internacional

El narcotráfico es un fenómeno global. Ningún país puede enfrentarlo en solitario.

España debe reforzar permanentemente la cooperación con Marruecos, Francia, Portugal y los organismos europeos e internacionales especializados en crimen organizado. El intercambio de inteligencia, las operaciones conjuntas y la coordinación judicial resultan fundamentales.

Pero esa cooperación exterior debe ir acompañada de determinación interna. No basta con grandes discursos institucionales si después faltan recursos concretos sobre el terreno.

Los agentes necesitan embarcaciones modernas, drones, sistemas de vigilancia avanzados, helicópteros suficientes, refuerzos humanos, cobertura jurídica y apoyo político inequívoco.

Necesitan sentir que toda España está detrás de ellos.

El silencio del luto oficial

Existe además una cuestión moral imposible de ignorar.

Muchos ciudadanos se preguntan legítimamente por qué no se decretan jornadas oficiales de luto nacional o reconocimientos institucionales de mayor magnitud cuando agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son asesinados en acto de servicio.

La muerte de guardias civiles en acto de servicio defendiendo el orden y la ley no es una tragedia privada. Es un ataque contra toda la nación. Es un luto nacional.

Estos hombres no fallecen accidentalmente. Son asesinados. Mueren sirviendo a España.

Por ello merecen no solo homenajes puntuales, sino memoria permanente, reconocimiento público y gratitud institucional inequívoca. Honor y gloria a los que dan su vida por nuestra querida España.

El sacrificio de quienes entregan su vida por la seguridad de todos debería unirnos por encima de cualquier diferencia ideológica.

No hacerlo transmite una preocupante banalización del espíritu de sacrificio, valores y amor a España.

Honrar a nuestros héroes

La Guardia Civil representa una de las instituciones más respetadas y queridas de España. Desde hace más de siglo y medio, sus hombres y mujeres han servido con lealtad ejemplar en las circunstancias más difíciles: terrorismo, narcotráfico, catástrofes naturales, rescates, seguridad rural, lucha contra el crimen organizado, defensa de nuestras libertades y del orden constitucional.

Muchos han dado su vida por España. Otros continúan arriesgándola diariamente en silencio, lejos de los focos y del reconocimiento mediático.

A ellos les debemos mucho más que palabras.

Les debemos medios.

Les debemos respaldo.

Les debemos justicia.

Les debemos memoria.

Y les debemos unidad nacional frente a quienes pretenden convertir determinadas zonas de España en territorios sometidos a delincuentes de organizaciones criminarles.

España aún está a tiempo

Todavía estamos a tiempo de revertir esta situación. España dispone de magníficos profesionales, excelentes unidades policiales y una larga tradición de servicio público ejemplar. La Guardia Civil y la Policía Nacional han demostrado innumerables veces su capacidad operativa y su entrega.

Pero necesitan apoyo real.

No basta con discursos emotivos tras cada tragedia. No basta con medallas póstumas ni minutos de silencio. Todo ello es importante, pero insuficiente. No podemos consentir ningún sepelio más de servidores públicos.

Hace falta una estrategia nacional integral contra el narcotráfico que combine:

• Incremento sustancial de medios humanos y materiales.
• Modernización tecnológica urgente.
• Refuerzo legal y judicial.
• Reconocimiento efectivo de profesión de riesgo.
• Protección integral a las familias de los agentes.
• Coordinación entre administraciones.
• Participación estratégica de capacidades de defensa nacional.
• Acción educativa y social contra la cultura del narco.
• Cooperación internacional reforzada.
• Voluntad política sostenida y sin complejos.

Porque esta batalla no afecta solo al Campo de Gibraltar. Afecta a toda España.

Una reflexión final

Cuando un guardia civil o policía nacional cae en acto de servicio, España entera debería sentir que pierde a uno de sus mejores hijos. Y cuando esos asesinatos se producen a manos de organizaciones criminales cada vez más violentas, el Estado tiene la obligación moral de reaccionar con firmeza.

No podemos normalizar estas muertes.

No podemos acostumbrarnos a contemplar cómo nuestros agentes son atacados por mafias que actúan con creciente descaro campando por sus respetos.

No podemos permitir que quienes protegen nuestras calles, nuestras costas y nuestras familias se sientan solos.

La historia demuestra que cuando el crimen organizado percibe debilidad institucional, avanza. Y cuando avanza, recuperar el terreno perdido resulta muchísimo más difícil.

España debe decidir qué mensaje quiere transmitir.

Si el mensaje es tibieza, las mafias seguirán creciendo.

Si el mensaje es firmeza democrática, unidad nacional y respaldo absoluto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todavía podremos ganar esta batalla.

Porque esta es una batalla por la seguridad, por la libertad y por nuestro bienestar.

Pero también por la dignidad nacional.

Que descansen en paz el capitán Jerónimo y el agente Germán, muertos en acto de servicio. Que Dios los acoja en su seno. La muerte no es el final. Que sus familias encuentren consuelo en el cariño y gratitud de todos los españoles. Y que sus compañeros tengan la seguridad que millones de ciudadanos reconocen y admiran su sacrificio.

España y los españoles nunca olvidan a sus héroes. Honor y gloria a los que dan su vida por nuestra querida España.

¡Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil!

 Julio Serrano Carranza. Coronel de Aviación (R). Ejercito del Aire y del Espacio

Blog: generaldavila.com

10 mayo 2026