Últimamente se habla mucho de reforma constitucional sin que esté nada claro ni cuál sea su finalidad ni qué mecanismos legislativos podrían propiciarla.

Sin poner en duda la buena voluntad de los legisladores del 78, creo que diseñaron un marco constitucional muy contraproducente en un país centrífugo, con el resultado de que nunca antes en la historia de España se había llegado a tal grado de desigualdad entre ciudadanos y territorios españoles, no ya en los niveles de renta sino en los de servicios y derechos básicos. Sólo por eso, creo que sería muy conveniente una reforma de la Constitución española,aunque no en la dirección de acentuar las diferencias, como algunos pretenden, sino en la de eliminarlas de raíz. Por eso, si yo tuviera que proponer una reforma constitucional (lo que no es ni será el caso, claro está) insistiría en suprimir la capacidad normativa de las Comunidades autónomas respetando las de mera gestión, lo que nos permitiría suprimir diecisiete «parlamentos» autonómicos con el consiguiente ahorro para el Erario público y la consiguiente simplificación de nuestra legislación. Además, copiaría el artículo 21 de la Ley fundamental de Bonn (Grundgesetz) para excluir a los partidos políticos cuyo fin no fuera acorde con la finalidad básica democrática de la norma constitucional, lo que nos ahorraría alguna aventura separatista. También, ¿cómo no?, reformaría nuestra Ley electoral para que el voto de los españoles tuviera el mismo peso en todo el territorio nacional.

Suprimiría todo tipo de subvenciones, que son fuente inagotable de corrupción política y de distorsión de la actividad económica y social, algo que nos ahorraría, entre otros muchos males, esa proliferación de televisiones al servicio del partido político capaz de controlarlas y esa multiplicación de ONGs cuyos gestores las utilizan más para retribuirse generosamente que para cumplir sus fines aparentemente humanitarios sin estar sujetas a ningún mecanismo de control democrático.

En cuanto al sistema judicial, eliminaría el control político de la judicatura y reintroduciría una auténtica separación de poderes mediante el mecanismo de regular los ascensos en la carrera judicial por el sistema de cooptación, como ocurre en países de limpia trayectoria democrática. Suprimiría el Tribunal constitucional y atribuiría a una Sala del Tribunal Supremo sus actuales competencias. También reformaría de raíz nuestra anacrónica, ultragarantistay paralizante legislación procesal y la agilizaría atribuyendo a jueces y magistrados amplias facultades en orden a la ordenación del proceso, como es el caso en la tradición anglosajona.

En lo que respecta a la fiscalidad, propondría establecer un tope del 20% a la tributación de las personas físicas y jurídicas y eliminaría los numerosos supuestos hoy vigentes de doble imposición como son los de los impuestos de sucesiones y de patrimonio; además, excluiría de tributación las pensiones y suprimiría ese tope de las máximas que hace que, en mi caso concreto, yo haya cotizado para tener una de 3.400 que se ha visto limitada a 2.500 antes de IRPF en virtud de dicho tope.

Soy consciente de que ninguna de mis propuestas resultaría aceptable para una clase política que vive de la corrupción que propicia un diseño constitucional tan alambicado como imperfecto que me atrevería a calificar de auténticamente prostitucional por antidemocrático y generador de desigualdades.

Melitón Cardona. Embajador de España

Blog: generaldavila.com

30 noviembre 2017