El anuncio de la amnistía ha abierto la caja de los truenos. El pacífico pueblo español, el que trabaja, estudia y levanta al país, ha saltado como un resorte ante la injusticia de exonerar a unos personajes, condenados o encausados, que intentaron romper España. En los medios de comunicación una multitud de profesionales o asociaciones de ellos están opinando sobre el tema desde el punto de vista jurídico, político, económico, etc. y otros forman cola para poder hacerlo. Me gustaría que nos apretáramos un poco para ver si cabe la opinión de este viejo militar retirado con más de cuarenta años de servicio activo.
Como se ha resaltado por eminentes profesionales del derecho, independientemente del problema jurídico que plantea la amnistía, la asunción por parte del Gobierno del relato del separatismo produce un daño de enormes consecuencias al Estado de Derecho español. Se denuncia la “deslegitimación”, “voladura”, “destrucción”, “humillación”, etc., del mismo pero, en mi criterio, se trata de una burla más a un Estado de Derecho que hace ya muchos años está postrado, sedado y tan débil que no dispone de fuerzas para llegar a algunas regiones del territorio nacional. Esto, indudablemente, es malo para España pero le viene de perlas a cualquier político autócrata que, bajo la cobertura de vivir en una aparente democracia, puede gobernar sin los controles genuinos de este sistema político.
Desde mi punto de vista, el acuerdo con Junts que, entre otras cosas, contempla la amnistía y los campos de negociación futura, no son acciones aisladas para conseguir los votos necesarios para la investidura del Sr. Sánchez, no, estas acciones junto con otras realizadas por el Gobierno durante la legislatura que termina, responden a un plan estratégico para perpetuarse en el poder y construir una sociedad nueva perfectamente sumisa. Para ello, le es fundamental, por una parte, ensanchar el poder ejecutivo a costa de los otros dos poderes del Estado para sortear todos los controles democráticos y, de otra, contar con los votos de los independentistas, porque con los suyos y los de sus socios (nacionalistas, filoterroristas y neocomunistas) no les llega, en el mejor de los casos. Por eso, cuando gobiernen en la nueva legislatura, se verán empujados por los separatistas contra la línea roja del referéndum de autodeterminación y la de la independencia. Como saben que sin ellos no puede gobernar y que facilitar la independencia sería su ruina como partido en el resto de España, terminarán concediendo una autonomía a Cataluña tan amplia que funcione al margen del Estado y tan sumamente financiada que, según creen, contentará a los separatistas (?).
Hablo aquí de dos líneas rojas que no puede cruzar el ejecutivo sin que se desplome, estrepitosamente, el Estado de derecho. El referéndum de autodeterminación y la independencia concedida como resultado del mismo o unilateral, son actos ilegales. El referéndum, ni siquiera camuflado con la retorica del Gobierno, porque no hay mas nación que España, que tiene todos los requisitos para serlo: pueblo, territorio y soberanía ninguna comunidad autónoma de España los tiene porque les falta la soberanía sobre su territorio, que pertenece al pueblo español en su totalidad. Ni siquiera una consulta a la totalidad es legal porque por vías democráticas no se puede trocear la Patria que es anterior a cualquier sistema político.
¿Cómo se puede actuar, dentro del Estado de Derecho, por la vía institucional, para evitar que el ejecutivo acabe con los controles genuinos del sistema democrático sin rebasar las dos líneas rojas? Nos quedan los otros dos poderes y el resto de instituciones y organismos del Estado. El Poder Legislativo, en el Congreso está formado por una mayoría absoluta de diputados del PSOE y sus apoyos que por su disciplina de voto, en ningún caso actuarán contra el Gobierno. El Senado, es irrelevante porque su función de control político está subordinada al Congreso de los Diputados. El Poder Judicial, pese a los intentos del Gobierno de invadirlo, se muestra fuerte y es una garantía contra la arbitrariedad. La instituciones, en especial las Fuerzas Armadas por sus misiones constitucionales, deben mantenerse unidas, jerarquizadas y disciplinadas. Unidas, impidiendo a toda costa que el virus político invadas sus filas, independientemente, que sus componentes como ciudadanos participen en el proceso democrático fuera del cuartel con la limitaciones que por razón de su profesión marcan las leyes. Jerarquizadas, bajo el mando supremo del Rey y la dirección del Gobierno. Y disciplinadas, obligando a sus miembros a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado y como dicen la RROO de las FAS: tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución. Es decir, que las FAS, si recibieran órdenes ilegales (por oponerse a la Constitución) del Gobierno podrían desobedecerlas (RROO, articulo 48), creándose un problema institucional.
Tengo que manifestar mi pesimismo por el resultado de la actuación del Poder Judicial, no por el reconocido prestigio de sus miembros, sino por el control que tiene el Gobierno de las tres vías que puede utilizar: la jurídico-constitucional, la jurídico-penal o la justicia europea. En la primera de ellas la resolución de problemas constitucionales termina siempre en el Tribunal Constitucional ,del que ya conocemos su colonización por el Ejecutivo. En la segunda de ellas, la justicia penal: a la vista del art.102 de la Constitución: en el punto 1 que se refiere a la responsabilidad criminal del Gobierno, exige un suplicatorio al Congreso en el que existe mayoría absoluta del Gobierno, y en el punto 2 “Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo”. En cuanto a la tercera vía, la justicia europea, los resultados pueden ser inciertos porque es una justicia trufada de diplomacia.
¿Qué pasaría si el Gobierno rebasa alguna de las dos líneas rojas? En mi criterio, se desplomaría el Estado de Derecho y habría que tomar acciones extraordinarias para recuperarlo. No se me ocurre otra forma que el Rey, como símbolo de la unidad y permanencia del Estado (sic), que prestó juramento de… guardar y hacer guardar la Constitución (sic) y de convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución (sic), que habría sido conculcada por el Gobierno, con el apoyo de las instituciones que, como el poder judicial o las FAS, han permanecido leales a España y al orden constitucional, adoptará las medidas necesarias para restablecer dicho orden.
Espero y confío que esta última situación no se dé y que la cordura de un gran partido, que tan buenos servicios ha prestado a España en la democracia, como el PSOE (de Felipe González, Redondo Terreros o Leguina) se imponga al actual (de los Zapatero o Sánchez) y que aquellos magistrados del Tribunal Constitucional que prefieren arrastrar sus togas (sic) prioricen su independencia a su ideología.
Manuel Castro Zotano (militar retirado)
Blog: generaldavila.com
21 noviembre 2023



















