A finales de junio pasado me publicaron en este blog el undécimo artículo de la serie “¿España indefensa?” titulado “aquí la mas principal hazaña es obedecer” en el que, entre otras cosas, analicé las misiones que la Constitución asigna a las FAS y las circunstancias y condiciones en que las cumplían (incluso aventuré uno de los futuros posibles -un futurible- más que conflictivo que pudiera derivarse de la actual situación política) y prometí dar mis conclusiones.
Tras el estudio de la legislación vigente, llegábamos a una primera conclusión: aunque se produzca una situación con evidente peligro para la soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, las FAS no deben intervenir de forma autónoma en el restablecimiento de la situación de normalidad. Siempre lo harán (en apoyo a las Autoridades civiles o, militarmente, en el estado de sitio) bajo la dirección del Gobierno.
Partimos de la base que el Gobierno actúa guardando y haciendo guardar la Constitución. Pero, imagínense, en el futurible que estamos analizando que el Gobierno, por voluntad propia o forzado por los grupos políticos que lo sostienen (separatistas, filoterroristas y neocomunistas), remitiera a las Cortes un proyecto de ley sobre un referéndum de autodeterminación de una CA española o fuera el propio Congreso el que lo hiciera mediante una proposición de ley. No cabe la menor duda que la ley saldría adelante porque dispone de la mayoría suficiente. Si la oposición política o las CCAA en las que gobierna interpusieran recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que, por cierto, no produce la suspensión automática de la ley impugnada, tardaría en emitirse la sentencia unos seis meses, como mínimo, a partir de la publicación de la ley en el BOE. En realidad, se demoran bastante más, incluso años, por la saturación de este tribunal. Esto podría dar lugar a que hubiera suficiente tiempo para convocar el referéndum de autodeterminación y, si lo ganaran, conceder la independencia a la CA… Incluso, si en un rapto de diligencia el TC. tardara menos en sentenciar, lo haría legalizando el referéndum al estar colonizado por el Ejecutivo. En cualquier caso, no cabe duda que el peligro para la integridad de España sería cierto e inminente. ¿Pueden en tal caso extremo las FAS intervenir de forma autónoma para restablecer la normalidad?, como tendrían que emplear la fuerza para restablecerla, se vulneraría la legalidad y produciría una quiebra en la seguridad nacional de alcances insospechados (enfrentamientos en la sociedad, en los partidos políticos, en las FAS, en las FCSE, etc.).
Entonces, ¿Cuál sería la solución? desde mi punto de vista, corresponde intervenir para reconducir la situación al Tribunal Constitucional, los poderes del Estado, La Unión Europea, los partidos políticos y, en ultima instancia al Rey,
El Tribunal Constitucional, como hemos imaginado en el futurible que estudiamos, colonizado por el Ejecutivo, no desautorizaría al Gobierno y sentenciaría a favor de la ley de referéndum. Formaría parte del problema no de la solución.
De los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo estarían de acuerdo con el referéndum (aunque el Senado no obedeciera carece de capacidad para desautorizar al Congreso). En cuanto al Poder Judicial, todavía no colonizado, actuaría como lo ha hecho en la ley de amnistía: retardando, obstaculizando y corrigiendo algunos aspectos, pero sin capacidad efectiva para revocar la ley. Puede este último poder cooperar a la solución pero no parece mostrarse definitivo, por ahora (esperemos que la ultima decisión del Tribunal Supremo al respecto prospere).
A la justicia de la Unión Europea (TJUE) se podría acudir con una cuestión prejudicial pero, según sus instrucciones a los países de 2021, deja claro que su actuación tiene que ver con la interpretación o validez del Derecho de la UE no a la del Derecho nacional. Además, en cuestiones de inconstitucionalidad no puede entrar. Para mayor abundamiento, después de las ultimas elecciones europeas, tampoco en el aspecto político se podría esperar mucho de la UE (populares y socialistas son aliados allí). Entonces, la solución no puede venir de Europa, que se limitaría a un postureo democrático sin consecuencias prácticas o una leve amonestación. Lo que a la UE verdaderamente le preocupa en estos momentos es el crecimiento de lo que los progresistas(?) llaman ultraderecha (que fíjense nace dividida en tres ramas), el problema de Ucrania, que los pone de los nervios por si eligen a Trump en EEUU y nos hace pagar nuestra defensa, y el buen empleo de sus fondos.
El partido político que sustenta al Gobierno (PSOE) para permanecer en el poder seguiría necesitando del apoyo de los separatistas que continuarían chantajeándolo hasta conducirlo a aceptar una de las líneas rojas demoledoras del Estado democrático: el referéndum de autodeterminación, aunque el TC. lo amparara. En ese estado de cosas, si el problema reside en que el Gobierno pudiera seguir gobernando hasta completar la legislatura, el principal partido de la oposición, consciente de lo que nos jugamos y poniendo los intereses de España por encima de los de su formación (digo formación a la mayoría de los grupos de la Cámara porque lo único que les falta es entrar en el hemiciclo de a tres y con el dedo tieso para apretar el botón en las votaciones), podría ofrecer al PSOE un acuerdo de estabilidad que le permitiera gobernar en minoría, sobre la base de fijar determinadas líneas rojas constitucionales que no pudiera rebasar, acabando con el chantaje separatista y filoterrorista. De este modo, podría resolverse el problema por la vía política, aunque la probabilidad de que esto suceda es baja por el desgaste político que sufriría el primer partido político de la oposición para las elecciones generales de la siguiente legislatura y por el miedo cerval a que el Presidente del Gobierno los envolviera con alguna argucia como ya ha hecho en otras ocasiones.
Si, a pesar de todo, no se resolviera el problema por ninguna de las vías anteriores y el Gobierno continuara con su pretensión de llevar a cabo el referéndum de autodeterminación se podría recurrir a la Corona. ¿Qué podría hacer el Rey?… veamos lo que dice la Constitución sobre su persona: “es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. En cuanto a sus funciones, figuran entre ellas:
“a) Sancionar y promulgar las leyes.
- b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
- d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
…”
Pero como su persona “es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, sus actos siempre tienen que ser refrendados” por “El Presidente del Gobierno, Ministros, en su caso, o el Presidente del Congreso” “careciendo de validez sin ese refrendo”. Con estos precedentes si, después de aprobada la ley de referéndum, se le presentara al Rey para su sanción, tendría que firmarla como “acto debido” (actos reglados del Rey sobre los que no puede decidir), por mucho que le parezca inconstitucional o una mayoría de expertos jurídicos así lo expresen públicamente. Además, el Gobierno tiene “la presunción de legitimidad de los actos jurídicos y políticos de los órganos democráticos del Estado” hasta que el Tribunal Constitucional se defina en su sentencia (una especie de presunción de inocencia legal). Si el Rey no sancionara la ley, tendría que abdicar, creándose un conflicto constitucional que desestabilizaría a España y, naturalmente, a la Corona. Respecto a las otras funciones anteriormente expuestas, como actos debidos, ocurre lo mismo, el Rey se limita a decretar lo que le viene procedente del Gobierno o del Congreso, sin ninguna iniciativa al respecto.
¿Entonces como “modera las instituciones” si no tiene potestas?, pues con la auctoritas, que no es otra cosa que el prestigio y carisma del Monarca exteriorizado en sus declaraciones y actos. Me imagino que el Rey desarrollaría una intensa actividad cerca del Gobierno y los grupos políticos decisivos en la resolución del problema para que llegaran a algún tipo de acuerdo como el que he señalado anteriormente y haría declaraciones alertando del problema de la mutilación de España y la vulneración del ordenamiento constitucional, pero de ahí no puede pasar.
Si el Rey no consiguiera ese acuerdo u otro de parecida finalidad, legalmente no le quedaría ningún recurso para resolver la situación. Entonces, fracasando todas las instancias (Tribunal Constitucional, Poderes del Estado, UE, partidos políticos y el Rey) ¿habría que aceptar el desmembramiento de España y la ruptura del orden constitucional? En mi criterio de ciudadano comprometido con España, aunque diletante en derecho constitucional, mi respuesta es !!! ABSOLUTAMENTE NO¡¡¡. Tengan en cuenta que el bien jurídico supraindividual a proteger de forma primordial es la supervivencia de la Nación Española que está por encima del cualquier otro bien jurídico como la Constitución que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”(Artº 2 CE) y en orden inferior estarían otros bienes jurídicos supraindividuales que garantiza la Constitución. Entonces, si se pusiera en peligro la supervivencia de la Nación de forma cierta e inminente el Rey, que es símbolo de la unidad y permanencia del Estado, concitando todas las fuerzas e instituciones que permanezcan leales a la Constitución, podría actuar suspendiendo temporalmente algún precepto de la misma en beneficio del bien jurídico primordial (p.e.: poder ejercer sus funciones sin necesidad de refrendo de un Presidente del Gobierno, un Ministro o del Presidente del Congreso que se han posicionado contra la supervivencia de la Nación). No obstante, SM que tiene mejor criterio que yo, más información y expertos asesores resolvería como conviniera al interés de España.
Si no sucediera así….
«Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización» (Oswald Spengleer, 1880/1936, Historiador y filósofo aleman).
Manuel Castro Zotano
General retirado
General Dávila 