Leyendo la excelente obra de Roca Barea “Imperofobia y Leyenda Negra (2017, 362) he tropezado con el siguiente texto: La venta de cargos y oficios en Francia había comenzado a finales de la Edad Media y se convirtió en un mal endémico que terminó pudriendo el Estado. No es un procedimiento inventado en Francia ni muchísimo menos. En cuanto existe algo parecido a un Estado, aparece este sistema que consiste en entregar a particulares gestiones necesarias de la cosa pública. Ahora lo llaman privatización y parece que lo acaban de inventar. No es difícil asociarlo inmediatamente con los problemas que las externalizaciones han producido en las Fuerzas Armadas.

La principal diferencia, con el caso que relata Roca Barea, es que la descomposición del Estado es una consecuencia de privatizaciones indiscriminadas; y en el caso de las Fuerzas Armadas españolas estas privatizaciones han sido una de las herramientas empleadas para socavar estas esenciales instituciones estatales.

Narciso Serra, el que fuera ministro de Defensa, ha dejado claro la finalidad última de las reformas militares (“La transición militar”, 2008). Sus antecedente inmediatos son las reformas de Azaña, y cuya línea de política militar han seguido fielmente los gobiernos posteriores, incluidos los del Partido Popular. Intenciones y procedimientos que han sido analizados en profundidad por Blas Piñar y José María Manrique, en su libro; “Ejércitos Anulados” (2016).

Como las privatizaciones están muy mal vistas en el ideario socialista, se las denominó, más eufemísticamente, como externalizaciones. Independientemente de su finalidad de socavar las competencias de los ejércitos, también han contribuido a la corrupción generalizada que sufre España, innegable a estas alturas con solo ver los telediarios, porque han dado pie a centralizar, en el nivel político, suculentos contratos.

La concienciación previa.

Todas estas acciones de privatización fueron precedidas de las correspondientes campañas de concienciación, entre los estados mayores y altos mandos. Se empezaba con el adanismo: todo lo anterior estaba mal, pero, a partir de ahora, todo iba a empezar a solucionarse. Si se encontraba reticencias, estaba el recurso convincente de una velada amenaza: si no eres parte de la solución (la suya, por supuesto), eres parte del problema.

De todas las privatizaciones (perdón externalizaciones) llaman poderosamente la atención las producidas en las áreas de seguridad, formación y logística.

 Las privatizaciones en la seguridad.

Es sorprendente, cuanto menos, que una institución que tiene por esencia la seguridad haya privatizado la seguridad exterior de muchas de sus instalaciones, lo que no deja de ser extrañamente paradójico. La visibilidad externa de esta medida es bien evidente, y daña la imagen de los ejércitos, ya tan pocos visibles ante los ciudadanos. Es también extraño que para estas funciones no se hubieran potenciado, en su día, la policía militar, que además tiene la ventaja, como todo lo militar, de una polivalencia y disponibilidad (incluido el horario) que no tienen los elementos civiles. Sería interesante conocer quiénes están detrás de las empresas de seguridad que prestan estos servicios.

Tampoco debe extrañar que también se haya privatizado parcialmente la seguridad interior, porque es lo que se ha hecho con la descentralización de las fuerzas de seguridad en Cataluña y Vascongadas. No es un secreto que ahora dependen de poderes feudales, que no acatan la autoridad del estado ni coordinan con él.

La privatización de la formación y de la enseñanza militar.

Si sorprendente es lo anterior, más lo es la privatización, más que parcial, de la formación de nuestros oficiales.

La preparación del ejército español, y por ende la formación de sus cuadros de mando, ha quedado contrastada y reconocida, desde el inicio en sus participaciones en operaciones internacionales. Así lo acaba de reconocer públicamente la actual ministra de defensa.

Es indudable que la enseñanza, como todo, es siempre susceptible de mejoras y de perfeccionamiento. Pero, previamente para ello hay que hacer un análisis, para localizar las deficiencias y corregirlas, o potenciar sus capacidades. No fue así. No se hizo un ningún análisis y ningún estudio. Se ha privatizado por la cuestión ideológica de desmilitarizar al ejército.

Es desconcertante que unas fuerzas armadas que habían demostrado su eficiencia internacionalmente, que demostraba el alto rendimiento en la formación de sus cuadros de mando, haya descargado su formación en el sistema universitario español, uno de los peores del mundo occidental.

Si aplicáramos esta misma regla de tres, podríamos privatizar los cursos para los ascensos a jefe, general, etc.; o de formación para el estado mayor, etc., que seguro que muchas universidades se prestarían gustosas a impartir sus célebres, costosos y prestigiosos másteres.

Las privatizaciones logísticas.

Las primeras acciones consistieron en la enajenación de terrenos e inmuebles. Desamortización que ha dejado pequeña a la célebre de Mendizábal, aunque esta haya sido más discreta. Sería también interesante conocer los precios reales de venta y los beneficiarios últimos.

La reducción de unidades ha sido tan drástica, que tenemos unas fuerzas armadas macrocefálicas. Donde la dirección de los asuntos militares está,  en la mayoría de las veces, en manos de civiles, con mucha menos preparación y experiencia en asuntos de defensa (si es que tienen alguna) que muchos militares, forzados a estar sin destino a pesar de su formación.

Sería más rentable privatizar a las grandes unidades tácticas, que seguro que sería más barato para las arcas públicas. Alquilarlas, como antes de la Guerra de la Independencia. El nuevo jefe empresario dotaría, formaría a sus cuadros de mando y adiestraría a su unidad, mejor y a menos coste, que mantener la actual y monstruosa infraestructura administrativa.

Salvador Fontenla Ballesta. General de Brigada (R.)

19 septiembre 2018

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