El pasado día 8 de febrero, a partir de las 16:30 horas, miles de las personas de las que cruzan a diario la verja sufrieron un plantón de casi hora y media sin poder atravesar la pista del aeródromo por un conflicto de competencias entre las autoridades locales de Gibraltar y las del ministerio de Defensa británico (MoD), que es el titular de ese aeródromo. La pista está construida en el istmo, en un terreno ocupado ilegalmente y que nunca fue cedido por España, ni en Utrecht ni en momento posterior alguno. Jamás los ingleses han sido capaces de presentar un documento válido, en términos jurídicos internacionales, que avale esta usurpación.

Como sabemos, cuando en Gibraltar se refieren al denominado «Gibraltar International Airport», están engañando. Esa instalación es un aeródromo militar con unas limitaciones que le impiden cumplir todas las normas de seguridad, internacionales y británicas, aplicables a los aeropuertos. Por ello, la licencia para operar se la dan los militares británicos.

Actualmente la RAF permite el uso civil del aeródromo. Los gastos de mantenimiento se reparten entre el MoD y el gobierno local. La pista de aterrizaje está atravesada por la única carretera que une al Peñón con el resto de España así que cuando hay operaciones aéreas, el tráfico peatonal y de vehículos queda cortado.

Es conocido el afán expansionista de las autoridades locales en contra de las propiedades y competencias británicas y españolas. No en vano son alumnos aventajados de los británicos.

El día 8, la policía local de Gibraltar (un pueblo de unos 30.000 habitantes), la denominada «Royal Gibraltar Police» (RGP), en un gesto sin precedentes, irrumpió en la pista para impedir el despegue de un A400M Atlas de la RAF. Según dijeron, querían detener a uno de sus pasajeros (militar) que salía con destino al Reino Unido. Al parecer, ese militar está siendo investigado por las autoridades militares británicas por un supuesto delito sexual.

Las autoridades de la RAF cerraron el aeropuerto y aunque el avión no estaba en la pista de vuelo, también cortaron el paso por la carretera por lo que miles de hombres y mujeres, ancianos y niños, enfermos y embarazadas, se quedaron bloqueados sin razón aparente que lo justificase.

Según explicó la prensa local se ha tratado de un conflicto de competencias entre los militares de la RAF y la policía local que no tiene competencias en las instalaciones y medios militares. Justificaron su actuación diciendo que necesitaban el ordenador personal del interfecto para investigar otros supuestos delitos.

Parece una excusa demasiado simple como para entender el caos que se formó, tanto en el tránsito peatonal como en el tráfico local e incluso en el aéreo.

Seis días después, todavía no se ha dado una explicación oficial del enfrentamiento ni se conoce la identidad del interfecto. Podría ser que estuviese reclamado por la Interpol por alguna razón. En este caso tendríamos a la RGP intentando anticiparse a «Scotland Yard», nada menos.

También es posible que, en su afán expansionista, las autoridades locales hayan querido echarle un pulso al MoD usurpándole estas competencias. Al fin y al cabo es un juego entre usurpadores.

El desenlace de este duelo todavía está por ver. Seguramente tuvo que intervenir el Gobernador quien dispuso que el interfecto fuese desembarcado por la «Gibraltar Defence Police» (policía civil al servicio del MoD, también objeto de las ambiciones locales) y puesto en custodia en las instalaciones militares.

Una solución provisional que permitió el despegue del avión y la reapertura del tránsito por la pista pero que no resuelve el problema de fondo: Si el aeródromo sigue siendo de la RAF, si las autoridades locales van a tomar el control de esta base aérea o, si van a poder intervenir en las instalaciones militares. Este incidente puede ser la punta del iceberg de los conflictos entre unas autoridades locales ansiosas de acaparar todo lo posible para superar su nimiedad y otras, las militares que, por la evolución natural y la situación actual del Reino Unido, están en franca decadencia.

Han pasado varios días desde que miles de trabajadores transfronterizos vieron atropellados sus «derechos humanos» pero esta vez, el «centro emisor de consignas» de las autoridades locales ha permanecido mudo. Lógico. Por ello, sus colaboradores del norte de la verja no han dicho ni una sola palabra sobre el daño sufrido –gratuitamente- por nuestros compatriotas. Ninguna de las denominadas asociaciones laborales, culturales o sociales, ninguno de los políticos, profesores o periodistas habituales ha dicho absolutamente nada. Podemos imaginarnos la que habrían formado si el caos hubiese sido provocado por una decisión de nuestras autoridades, consecuencia de algún exceso en el trasiego habitual de tabaco de contrabando por la verja. Pero las consignas son las consignas y no habiéndolas, no hay razón alguna para poner en riesgo las remuneraciones que deben estar recibiendo.

Tanta declaración pública clamando en los foros internacionales por los perjuicios que hipotéticamente pueden causar Schengen y el Brexit a las personas y ahora, esos mismos dirigentes políticos del Reino Unido, de Gibraltar e incluso españoles afines, permanecen callados como tumbas. Cabe preguntarse qué les importarán las personas si lo que está en juego es un conflicto de competencias entre un gobierno local que actúa por delegación y quien realmente manda en la colonia, que no es otro que el Gobierno británico.

Una vez más se demuestra que a los trabajadores españoles los tratan como peones, como rehenes al servicio de los intereses políticos y militares del Reino Unido y de Gibraltar.

Ángel Liberal Fernández, Capitán de Navío (R.)

Blog: generaldavila.com

16 febrero 2017