JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA
La defensa de la unidad de España y de la igualad en derechos y obligaciones de todos los españoles, no es patrimonio ni de las izquierdas ni de las derechas. Es una cuestión que compete a todos los españoles. A todos por igual.
Un buen exponente de ello es la personalidad que hoy acogemos en nuestro blog y nos honra presentar, Don Juan José Rodríguez Ibarra. Cuando acudimos a él, no lo dudó. Extremeño por los cuatro costados, en los más de veinticuatro años que ha ejercido la Presidencia de la Junta de Extremadura, cargo que ha simultaneado con el de Secretario de General del PSOE de Extremadura, ha hecho siempre gala de su orgullo de ser español. En las instituciones y foros a los que ha pertenecido siempre se ha manifestado en pro de la igualdad entre los españoles, de la mayor solidaridad entre las distintas Comunidades Autónomas que conforman España y entre las Regiones de la Unión Europea, de la que fue Vicepresidente de su Comité de Regiones.
Al dejar sus altas responsabilidades políticas, se reincorporó a labores docentes en la Universidad de Extremadura. Pero fue llamado en numerosas ocasiones a prestar otros servicios dentro de la región, en España y en el extranjero. Entre sus numerosísimos galardones y condecoraciones con que ha sido distinguido, no podemos dejar de mencionar que está en posesión de la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Es en la actualidad, miembro del Consejo de Estado.
Fiel a sí mismo, impulsó en el año 2011 una prestigiosa fundación, a la vez centro de estudios, que lleva su nombre, desde el que trata de impulsar la modernidad de Extremadura y de España.
Este es a vuela pluma, el perfil de quien, como el mismo se define, ha pasado la vida “rompiendo cristales” y a quien tenemos el honor de darle la palabra en nuestro blog.
LES DEBERÍA DAR VERGÜENZA
Les debería dar vergüenza. Las declaraciones del Sr. Puigdemont, el pasado día 10 de septiembre, asegurando que “el Tribunal Constitucional (TC) no puede suspender la Ley del Referéndum porque hay una nueva legalidad catalana amparada en las elecciones del 2015”, y el comportamiento de la presidenta de la Mesa del Parlamento catalán y de los diputados independentistas, podrían hacer pensar a los poco avisados que los cargos que ahora ostentan estos sediciosos no se deben a la Constitución española que votamos afirmativamente la inmensa mayoría de los españoles. Y, por cierto, fue en Cataluña donde esa Constitución, reconocedora de los hechos diferenciales, de la singularidad de los territorios españoles y de la descentralización, fue votada con más fe y votos en el referéndum constitucional de diciembre de 1978.
No hace falta que se recuerde que si la presidenta del Parlamento catalán, el presidente de la Generalidad y los diputados independentistas ocupan los cargos y responsabilidades que ocupan, no es como consecuencia de la supuesta y ficticia nueva legalidad, sino de los poderes que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en vigor y no derogado por ninguna ley estatal, y surgido de la Constitución Española, que les permitió celebrar elecciones libres y democráticas para que, antes Artur Mas, y después el Sr. Puigdemont, hayan podido convertirse en los representantes del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Y por eso, y solo por eso, lo del pleno del Parlamento catalán del pasado 6 de septiembre no tiene otra forma de calificarse que como traición. Traición a los electores que votaron de acuerdo con el Estatuto y no con una “nueva legislación”. Traición a la Constitución y traición al resto de los españoles. La vergüenza y la ética no son precisamente virtudes que adornen la moral de esas personas que, si están donde están, lo es por su vileza.
Claro que la traición no es algo que no conozcan algunos independentistas ya que El gobierno de la II República tuvo que luchar contra la insurrección militar franquista, contra el fascismo italiano y alemán, y contra la indiferencia francesa y la hostilidad británica, promotora del vergonzante Comité de No Intervención. Pero en la retaguardia tuvo que luchar contra los independentistas catalanes conservadores y de izquierda, que aprovecharon la guerra civil, como siempre han aprovechado los momentos de crisis y debilidad de los gobiernos de España, para proclamar la independencia de Cataluña. Ya lo dijo el catedrático catalán Vicenç Navarro en el diario Público del 24 de junio de 2010: “Las clases dominantes de las diferentes naciones de España se aliaron para derrotar a la República, siendo los nacionalistas conservadores y liberales catalanes de los años treinta los mayores promotores en Catalunya del golpe militar que persiguió con mayor brutalidad la identidad catalana”. Azaña denunció que en el alzamiento militar los catalanistas conservadores se pusieron decididamente al servicio de la “Junta de Burgos”, como antes al servicio de la dictadura de Primo de Rivera.
Si el Sr. Puigdemont y su corte tuvieran vergüenza, tendrían que haber dimitido de sus escaños y de sus responsabilidades institucionales que obtuvieron con las leyes que ahora están traicionando. Hacer esa traición, desde las instituciones constitucionales y estatutarias, es seguir el ejemplo de Hitler, de Mussolini y, más recientemente, de Maduro, quienes desde dentro del sistema trataron y consiguieron destruir la democracia y la libertad.
El final del pleno del día 6, con sus cantos y los abandonos de quienes no piensan como ellos, era el final que buscaban los traidores. Por eso, aquellos que ilusamente se han mostrado equidistante durante todos estos años, en los que la traición apareció con toda su crudeza, deberían pensar si no contribuyeron con su tibieza y con su reparto de culpas a envalentonar a los que llevan años tratando de aprovecharse del Estado cuando toca la cobardía y el silencio, y de retarlo cuando aparece la libertad.
Muchos de los que nos sentimos ciudadanos de izquierdas tenemos problemas a la hora de comprender cualquier deslegitimación, no de la España en abstracto y patriotera, sino de la España actual, democrática, constitucional, plural, diversa y descentralizada donde, por primera vez, la izquierda y los progresistas hemos podido y podremos plantear y llevar adelante proyectos políticos de igualdad, libertad y solidaridad para todos y entre todos, igual que se hizo tras la aprobación de la Constitución.
Quienes han seguido los pasos de la traición que el separatismo cometió con la II República, recibieron el castigo que la Justicia les impuso. La República fue implacable con los sediciosos. ¿Qué hará la democracia con los herederos de la traición?
Juan Carlos Rodríguez Ibarra
















