Ahora mismo, nuestras islas Canarias están sufriendo una verdadera invasión de características peculiares. Los gastos ocasionados ya van por los 300 millones de euros para alimentar y alojar en hoteles, que según noticias recibidas están siendo vandalizados, a miles de emigrantes (al parecer más 16.000 durante este año), que están poniendo en grave peligro la economía, la sanidad y el principal medio de subsistencia de esta importante región española como es el turismo. Racionalizar este fenómeno es obligado en cualquier sociedad que quiera vivir segura y hacerse respetar.
Existe un Convenio Internacional firmado en Londres en el año 1989 sobre salvamento marítimo entre cuyos firmantes está España. En este Convenio se describen y se reparten obligaciones que todos conocemos: la necesidad de ayudar o rescatar en la mar a todo tipo de náufragos y prestar la ayuda que precisen los buques en los que navegan cuando estos estén a punto de hundirse por inundaciones, incendios, colisiones, varadas en la costa o cualquier otro motivo que termine poniendo en peligro la vida de las personas o signifique la pérdida de los propios buques.
La inmigración tiene muchas causas unas aceptables y otras no tanto. Huir de la persecución política es la más aceptada. La motivación económica es la menos aceptada ,según el sentir general. Pero, entre una y otra, puede haber multitud de variantes que hacen del fenómeno de la inmigración ilegal algo difícil de entender y que confunde tanto a la opinión pública como a los propios gobiernos de la UE.
El actual caso canario es digno de analizar: una verdadera marcha verde de jóvenes, en su mayor parte marroquíes, dotados de pasaportes recientes, teléfonos móviles, y sus correspondientes contactos, es dirigida hacia las costas españolas desde las playas marroquíes o mauritanas, o desde barcos nodriza, por mafias, que pueden tener no solo voluntad de enriquecerse sino también alguna obediencia política, que organizan el tránsito y el despliegue de las conocidas pateras, previo pago por parte de cada emigrante de una onerosa cantidad de dinero. Mediante este pago el inmigrante puede llegar a creer que no solo tiene derecho al tránsito hacia el destino deseado sino también el derecho a ser rescatado por los medios de salvamento de alguna ONG, previamente concertada, o por los medios de salvamento oficiales del país que el inmigrante trata de alcanzar. La perversión de la situación está servida. Las mafias y los inmigrantes lo tienen claro. Las ONG, y los países afectados por este fenómeno, claramente parece que no. Salvo algunas excepciones, los gobiernos europeos creen y actúan como si tuviesen obligación moral de disolver una ingente cantidad de inmigrantes en la sociedad europea. Lo cual es muy difícil de entender.
Es muy posible que en el tránsito de los inmigrantes hacia nuestras costas se produzcan náufragos verdaderos que, aunque sean provocados por las propias mafias, casi siempre mucho más cerca de la costa de origen que de la costa de llegada, merecen naturalmente el tratamiento y la protección prevista en el Convenio internacional anteriormente mencionado aunque no podemos olvidar que las mafias llegan a destruir sus propias pateras para obligar a los medios de salvamento, previamente avisados, a acudir sin demora al lugar del naufragio. Cuando llegan los buques de salvamento salvan a los náufragos que han conseguido sobrevivir y embarcan a los inmigrantes que no lo son para trasladarlos al puerto más cercano que acepte recibirlos. Es verdad, muchas personas pierden su vida, pero muchísimas más consiguen su objetivo de alcanzar por un procedimiento tan dramático la tan deseada costa del estado que va a ser víctima de este calculado y perverso proceso. Es indudable que los náufragos hay que rescatarlos allí donde se encuentren, sean quienes sean. Pero los estados afectados parece que deben de actuar con la racionalidad necesaria considerando a los estados desde cuyas playas salen las pateras como los únicos responsables, cualquiera que sea la nacionalidad original del inmigrante. Y, por tanto, estos estados deben de aceptar:
-La devolución inmediata de los inmigrantes salidos de su territorio.
-Los costes en los que el estado receptor haya tenido que incurrir para darles un trato humanitario.
Estas exigencias deben de ser inexcusables. La no aceptación por parte del estado emisor de alguna de ellas debería de traducirse en la adopción automática de sanciones contundentes que le hagan comprender que no puede hacerse participe de tan grave problema. No se puede continuar así porque la acogida generalizada y gratuita de miles de inmigrantes requiere cuantiosas inversiones ,nunca disponibles.
Madrid, 02 diciembre 2020
Aurelio Fernández Diz CN (G) (S) (R)
Blog: generaldavila.com
General Dávila 