Amanece hoy en Madrid, desde donde escribo, con mucho frío y niebla en todo el horizonte. Es el mismo frío que hiela el corazón y el alma de todos los españoles de bien que aman España al ser testigos de una crisis que se agrava por momentos y que les afecta directamente. Es la misma niebla que nubla el entendimiento cuando se habla de un conflicto político que no existe pero que se trae a colación con reiterativa insistencia para lograr el enfrentamiento entre los españoles. Es la misma niebla que oculta cualquier esperanza de que políticos irresponsables, en el límite de la traición, cesen en su empeño de negociar, por intereses inconfesables, sus derechos políticos, su libertad y hasta la propia integridad territorial de la Patria que les pertenece.
Se pueden tomar en consideración muchos aspectos de la grave situación por la que estamos atravesando pero yo solo quiero referirme aquí solo a uno que no veo destacado ni comentado en ninguno de los más destacados medios de comunicación o tertulias de radio o televisión: la posibilidad de que se puedan adulterar las elecciones o cualquier consulta o referéndum en Cataluña.
Después de las últimas elecciones autonómicas en nuestra querida y sufrida comunidad autónoma, en principio ganadas por Inés Arrimadas, pude leer en algún medio digital que los llamados partidos constitucionalistas no habían enviado sus apoderados a las mesas electorales donde no esperaban una mínima representación algo, por otro lado, muy probable en la Cataluña rural, paraíso de tractores y alcaldes amigos de exhibir su talante democrático blandiendo el bastón que les distingue como tales, zona en la que predomina , después de muchos años de continua propaganda, un sentimiento independentista exacerbado y muy cercano al pensamiento político de Puchdemon que fue finalmente quien pudo hacerse con el gobierno de la Generalidad, a pesar de no ser el suyo el partido más votado.
Este comportamiento de los partidos constitucionalistas ha vuelto a repetirse, al parecer, en las pasadas elecciones generales con los resultados de todos conocidos. Visto lo visto durante el famoso 1-O, el mundo independentista, según las propias y significativas declaraciones del presidente Torra, es capaz de considerar mandato del pueblo el derivado de un referéndum ilegal plagado de irregularidades, siendo la principal considerar válidos los votos incluidos en enormes papeleras de plástico, supuestas urnas, que llegaban a las mesas electorales llenas de votos falsos.
Uno de los grandes problema de España en relación con Cataluña es precisamente que los independentistas, en su enajenación mental, consideran que pueden cometer cualquier tipo de tropelía, de ilegalidad, para alcanzar sus objetivos políticos que para mí no son otros que librarse de la obligada solidaridad interregional y librarse de la justicia española tratando de alcanzar una justicia local que se preste a juzgar con benevolencia sus posibles delitos sobre todo si volviesen a enfangarse en charcos de corrupción económica , política o moral como sin duda harían caso de lograr la independencia las élites gobernantes.
Según su extraño comportamiento los independentistas catalanes se consideran a sí mismos los únicos intérpretes de la Ley, los únicos que pueden decir lo que está bien o lo que está mal, por encima de las sentencias de jueces y tribunales. Con esta forma de pensar es imposible que puedan analizar con la debida objetividad cualquier problema político que pueda afectar a todos los catalanes y no solo a ellos mismos. Con esta desquiciada mentalidad se puede explicar la aparición de un extraño fenómeno, como el conocido “sunami democrático” especializado en la alteración del orden público, que el mundo independentista ha sido capaz de organizar, apoyar y subvencionar con notable descaro, el mismo con el que han encubierto el proceso de obtención de bombas y explosivos por parte organizaciones subversivas y filo terroristas, como pueden ser los conocidos CDR, aceptados oficialmente como organizaciones que ejercen su libertad de expresión cuando en realidad son instrumentos necesarios para ayudar a alcanzar los objetivos independentistas.
Ante esta situación es fácil de comprender que si pueden adulterar en su favor el resultado de unas elecciones autonómicas o generales así lo harán. Para ello les basta, en la ya mencionada zona rural, con adjudicarse la abstención que se haya producido cosa que harán con gran determinación los representantes de los partidos independentistas, según la orientación política de la mesa correspondiente, si nadie los controla. De este modo, se están alcanzando participaciones superiores al 80%, tanto en las elecciones autonómicas como en las generales, lo que no es normal comparando con las participaciones habituales en el resto de España en donde el 60% es ya una buena participación.
Por esta sola posibilidad y motivo, el mundo independentista reclama, con machacona insistencia, que se le conceda un referéndum de autodeterminación porque saben que, llegado el caso, lo van a ganar de cualquier forma aunque la población catalana no sea mayoritariamente independentista. Por eso no se le puede conceder la celebración de referéndum o consulta alguna ajena a las previsiones de nuestra Constitución. Y esta es la grave responsabilidad del presidente interino Sánchez cuando, jugando con fuego, se presta a la realización de alguna forma de consulta, que aun no conocemos en detalle se presenta camuflada y anticonstitucional, en detrimento de la unidad de España y del futuro bienestar de los españoles, y su democracia. Posteriormente, alguien nos dirá que este referéndum, totalmente manipulado, deberá de ser aceptado y acatado por ser así la voluntad del pueblo catalán para resolver un conflicto político que en justa interpretación ha sido creado artificialmente solo para que los independentistas catalanes puedan alcanzar con más facilidad sus objetivos.
Y podemos preguntarnos ¿puede ser legalmente aceptable una promesa de investidura del candidato a Presidente del Gobierno ante SM el Rey de cumplir y hacer cumplir la Constitución cuando la realidad de los hechos comprobados demuestra todo lo contrario? ¿Se va a obligar a SM el Rey, al más y mejor preparado Rey de la Historia, ejemplo de pulcritud institucional y democrática, a tragarse semejante sapo? ¿Es esto aceptable dentro de la obligada lealtad con la que deben de relacionarse la más altas instituciones del Estado, con SM el Rey? A mi sinceramente me parece que no porque es una cuestión de obligado honor y dignidad en cualquier político y más si pretende gobernar a todos los españoles.
Aurelio Fernández Diz
Madrid, 3 de enero 2020
Blog: generaldavila.com
