Uno de los fines que con mayor empeño y tenacidad han perseguido los todos los gobiernos del partido socialista ha sido el de desmantelar los grandes cuerpos de funcionarios del Estado para degradarlos hasta convertirlos en obedientes perritos falderos del poder político. Si a ello se une la subordinación del poder judicial al arbitrio de los políticos se comprende que la democracia española apenas sea una Scheindemokratie, esa «democracia aparente» que denunció Max Weber.
La neutralización del poder judicial es gravísima, pero no lo es menos la de esos grandes cuerpos de la Administración susceptibles de poner coto a las arbitrariedades de quienes pretenden desgobernar sin frenos ni contrapesos;se trata de un proceso perverso que inició -¿como no?- el Partido Socialista tan pronto como llegó al poder, ya que su primera medida fue rebajaren un lustro la edad de jubilación de los funcionarios para retirar de la circulación a quienes consideraban,sin fundamento, sospechosos de conservadurismo. Esa canallada se perfeccionó mediante una reforma de la ley orgánica del Poder judicial,que sometió el nombramiento de sus miembros al chalaneo de los partidos, en clara colisión con la previsión constitucional.
Hoy están a la vista los resultados: se prescinde de los interventores para poder generar el mayor escándalo de corrupción clientelar de la democracia en el feudo socialista andaluz. Se prostituye la política para que una familia catalana haya podido saquear las arcas públicas con absoluta impunidad hasta el momento. Más recientemente, una abogada del Estado indigna de tal nombre ha compadreado con el Gobierno para tratar de debilitar la posición del Estado que tiene la obligación de defender. Se nombra embajadores y embajadoras de España a personas ideológicamente afines a las que nadie confiaría una modesta tienda de comestibles. Se está a merced delas grabaciones de un presunto delincuente hoy en prisión al que los principales partidos españoles han recurrido para tratar de tapar sus vergüenzas. Se pretende exhumar los restos mortales de un español en un recinto que en virtud de un tratado internacional suscrito por España es inviolable. Et ita porro (*).
Un individuo fullero, cursi y patético pretende gobernar un país con menos de 1/4 de los escaños del Congreso y con mayoría de la oposición en el Senado y está dispuesto hacerlo a toda costa abjurando de sus promesas y cediendo al chantaje de políticos variopintos que en cualquier país de nuestro entorno estarían ilegalizados. A ese chulito de discoteca poligonera le da absolutamente igual y tal vez el resultado final de su aventura acabe siendo ruinoso para la Nación a la que su ambición de poder obliga a traicionar vilmente.
Se empieza «democratizando la enseñanza» para que el necio tenga el mismo reconocimiento que el que sabe. Se prescinde del principio constitucional de mérito y capacidad. Se eliminan contrapesos y poderes. Se enfeudan al poder político grupos poderosos de comunicación que encanallan a la gente con programas chabacanos y tramposos. Se saquean las arcas públicas con desvergüenza y se prostituye un cuerpo de tanto prestigio como la Abogacía del Estado sin caer en la cuenta de que, como ha señalado acertadamente Ignacio Gordillo, lo lógico será que la Sala del Supremo que ha de enjuiciar a los golpistas catalanes acabe expulsándola del procedimiento porque «el auto de procesamiento de marzo pasado fue recurrido por las defensas, pero no por la Abogacía del Estado y, tras los correspondientes recursos, fue declarado firme.Dicho auto señalaba con total motivación los presuntos delitos de los cuales no se podían salir ni las acusaciones ni las defensas. Se puede pedir la absolución por alguno de ellos pero no un delito distinto … no es lo mismo un delito de rebelión que uno de sedición. El primero está en los delitos contra la Constitución y la sedición en los delitos contra el orden público. Por lo tanto, la calificación de la Abogacía del Estado es manifiestamente errónea, de forma totalmente voluntaria, y ante el fraude procesal manifestado por la Abogacía del Estado y al actuar bajo presiones políticas evidentes, sólo cabe que la Sala Segunda del Tribunal Supremo adopte el acuerdo de la expulsión de la acusación particular de la Abogacía del Estado por manifiesto fraude procesal». Más claro, agua.
Melitón Cardona. Embajador de España
(*) Para víctimas de la LOGSE, no es vasco; significa «y así sucesivamente» en latín.
6 noviembre 2018
Blog: generaldavila.com
General Dávila 