El reproche básico que, a mi juicio, debe hacerse a la Constitución española de 1978 es la inexistencia de un modelo de Estado. El título octavo lo fio todo al principio dispositivo y al eventual ejercicio del derecho a la autonomía reconociendo y garantizando tal derecho a las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Sólo las tres comunidades impropiamente llamadas históricas, como si las demás fueran ahistóricas, vieron formalizada su inmediata creación y la calidad política y no sólo administrativa de su autonomía a través de la disposición transitoria segunda del texto constitucional: «Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente …» Lo que muchos calificaron de una prudente previsión en su día, pronto tuvieron que caer en la cuenta de que «todos querían todo», hasta el punto de hacerse popular en su día el conocido eslogan «Zamora, libre, serás puerto de mar». Así, Cantabria y La Rioja, dos pequeñas provincias históricamente pertenecientes a Castilla la Vieja, se apresuraron a presentar proyectos de estatuto con los que desmantelar lo que los enemigos de la Nación consideraban «la Prusia española», un hecho al que, a mi juicio, no se ha prestado la importancia que merece.
El segundo reproche radica en el hecho de haber concedido facultades normativas a las comunidades autónomas en lugar de las de mera gestión, un disparate de consecuencias fatídicas porque si se trataba de «acercar la Administración al ciudadano» no era necesario hacerlo mediante una capacidad normativa que, más pronto que tarde, acabaría por colisionar con la estatal, como viene demostrando el inusitado número de conflictos de competencias que debe resolver el llamado tribunal constitucional. El acercamiento de la Administración al ciudadano consistió, más bien, en acercar la caja a la legión de corruptos que tienen como propósito saquear las arcas del ciudadano.
La España de hoy cuenta con más de 1200 «legisladores» con su cohorte de consejerillos, subsecretarillos, directorcitos generales y funcionarios de todo tipo y discutible solvencia que reproducen en paralelo la tradicional organización de la Administración del Estado. Así, mientras en ella el personal a su servicio cuenta con un 77 % de funcionarios, el de las comunidades autónomas apenas alcanza un 67%, lo que indica las claras que el «dedo» ha predominado alarmantemente sobre el principio de mérito y capacidad que exige la Constitución y eso sin contar con la multitud de empresas públicas más atentas al apesebramiento agradecido de individuos políticamente afines que a sus propósitos declarados. El resultado es un gasto público desmedido que se traduce en una presión fiscal altísima. Baste recordar que en el régimen anterior, el IRPF era del 14 % (!)… y había superávit presupuestario.
La consecuencia de todo lo anterior ha sido el surgimiento de un Estado disfuncional e ingobernable, como oportunamente señaló el eminente catedrático don Tomás-Ramón Fernández Rodríguez. En este sentido, conviene recordar el memorable libro de don Alejandro Nieto titulado «La organización del desgobierno»…
Sé que podría extenderme en la denuncia de las múltiples anomalías que ha conllevado un diseño imperfecto y contraproducente de nuestra norma suprema, pero entiendo que, con lo dicho, el lector habrá percibido suficientemente la magnitud del despropósito que pretendo denunciar. No quiero excluir que tal vez me anime, en un posterior texto, a analizar temas como la ambigua configuración de las facultades del Rey, la poco contundente formulación del artículo 155 y otros temas menos básicos pero de no menor trascendencia.
Para concluir, sé que hay quienes afirman que las últimas cuatro décadas han sido las mejores de la historia de España: a ellos únicamente puedo desearles que Dios les mejore la vista.
(*) Ministro plenipotenciario jubilado.
Blog: generaldavila.com
6 diciembre 2021
